En un país donde durante décadas el hambre fue una de las expresiones más dolorosas de la desigualdad, los nuevos indicadores oficiales marcan un cambio que merece atención. México alcanzó el nivel más bajo de pobreza alimentaria desde que comenzaron los registros comparables en el año 2000. Pero este cambio trasciende las estadísticas.
La cifra representa un avance relevante en uno de los indicadores sociales más sensibles: la capacidad de una familia para alimentarse adecuadamente. Y esto se traduce en niños que llegan a la escuela después de desayunar, en adultos mayores que pueden comprar alimentos sin elegir entre comer o comprar medicamentos, en familias que dejan atrás la incertidumbre cotidiana de no saber si alcanzará para la comida del día siguiente.
Ese es el verdadero signifi cado de la cifra. Aunque también es cierto que el 3.1% de la población no logra cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, mientras que alrededor de 500 mil personas abandonaron esa condición durante el último año. La pobreza alimentaria mide a las personas cuyos ingresos no alcanzan siquiera para adquirir la canasta básica de alimentos. No se trata de acceso a vivienda, educación o servicios; se refi ere al derecho más elemental: comer.
Durante años, este indicador estuvo estrechamente ligado a crisis económicas, infl ación, bajos salarios y empleo precario. Hoy, según los datos ofi ciales, se encuentra en su nivel más bajo en más de dos décadas. Desde el Gobierno federal se atribuye esta reducción a una combinación de factores, entre ellos, los incrementos históricos al salario mínimo, el fortalecimiento del ingreso laboral, los programas sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, y el control relativo de la infl ación en alimentos respecto a los picos registrados tras la pandemia.
El resultado es que cientos de miles de mexicanos lograron superar el umbral de pobreza alimentaria. Diversos economistas coinciden en que uno de los principales motores de la reducción ha sido el crecimiento del ingreso laboral. En los últimos años, México registró los mayores incrementos reales del salario mínimo en varias décadas, acompañados por una disminución sostenida de la pobreza laboral, es decir, de las personas cuyo salario no alcanza para comprar la canasta alimentaria. Incluso analistas que han sido críticos de otras políticas públicas reconocen que el aumento salarial ha tenido efectos positivos sobre los ingresos de los hogares más pobres.
Pero el problema no ha desaparecido
El dato también obliga a poner la cifra en perspectiva. Que únicamente el 3.1% permanezca en pobreza alimentaria signifi ca un avance importante, pero representa todavía millones de personas que continúan enfrentando difi cultades para alimentarse diariamente. Además, la pobreza en México no depende únicamente del ingreso.
La metodología oficial incorpora múltiples dimensiones: acceso a salud, educación, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación, entre otros indicadores. Y precisamente ahí persisten desafíos importantes. Diversos especialistas advierten que, aunque el ingreso mejoró, aún existen rezagos signifi cativos en servicios de salud, seguridad social y educación, factores que continúan afectando la calidad de vida de millones de mexicanos.
Lo que dice la oposición
Como ocurre con prácticamente todos los indicadores económicos, la lectura política también es distinta. Los partidos de oposición sostienen que el Gobierno federal presenta únicamente los datos favorables mientras minimiza problemas como el deterioro de los servicios de salud, el crecimiento de la informalidad laboral en algunos sectores o las presiones inflacionarias que todavía afectan el poder adquisitivo.
También cuestionan que los programas sociales puedan sostener, por sí solos, una reducción permanente de la pobreza sin un mayor crecimiento económico y una inversión privada más dinámica. En otras palabras, consideran que los avances podrían ser frágiles si la economía pierde dinamismo.
Lo que responden los especialistas
Varios investigadores en desarrollo social señalan que ambas visiones contienen elementos ciertos. Por un lado, los incrementos salariales y las transferencias sociales han tenido un impacto medible sobre los ingresos de los hogares.
Por otro, mantener esos avances exigirá aumentar la productividad, generar empleos formales, fortalecer los sistemas de salud y mejorar la calidad educativa para evitar que millones de familias vuelvan a caer en condiciones de vulnerabilidad.
El desafío de consolidar el avance
Los datos muestran que México ha logrado reducir la pobreza alimentaria hasta el nivel más bajo registrado en un cuarto de siglo. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comienza. La historia económica mexicana demuestra que los avances sociales pueden revertirse rápidamente cuando llegan las crisis, aumenta la infl ación o disminuye el empleo.
La meta ya no consiste únicamente en sacar a más personas de la pobreza alimentaria, sino en impedir que vuelvan a ella. Porque reducir el hambre constituye uno de los mayores logros que puede alcanzar cualquier política pública. Mantener ese avance, sin importar quién gobierne, debería convertirse en una política de Estado y
