LA FOTO DE Liborio Vidal Aguilar junto al gobernador Joaquín Díaz Mena el pasado 16 de julio no fue un accidente de agenda: fue una jugada, y el Gobierno lo sabía tan bien que disparó 21 publicaciones el mismo día para blindar la narrativa oficial de un simple evento turístico. No le funcionó.
El debate se le fue de las manos casi de inmediato, y lo que debía ser una postal institucional terminó bautizado por la calle con el humor cruel que se merece: “camaleón de Valladolid”, “campeón del chapulineo”, “cambio de camiseta”. No son ocurrencias sueltas; son el diagnóstico ciudadano de un personaje que cambia de camiseta con la misma facilidad con la que otros cambian de corbata.
La conversación, eso sí, no salió de Yucatán, ni falta que hacía: en el Oriente del estado, donde la rivalidad histórica entre Liborio Vidal y Alfredo Fernández Arceo es prácticamente folclore político, el acercamiento se leyó exactamente por lo que es, un reacomodo entre viejos enemigos que ahora se necesitan. La pregunta que de verdad importa no es cuántos partidos ha vestido Liborio Vidal –perdimos la cuenta hace rato–, sino qué necesidad tiene de reciclarlo un gobierno que juró hacer las cosas distinto. Y esa respuesta no nació el 16 de julio: nació antes, en acuerdos que jamás vieron un boletín de prensa y que se contarán en la segunda entrega de esta historia.
Son sólo negocios, dicen. Ninguna interpretación alcanza para borrar el expediente que Liborio Vidal arrastra hasta su aterrizaje en Morena. Quienes hoy lo venden como activo con respaldo nacional prefi eren olvidar que apenas en febrero la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, fue tajante cuando le preguntaron si sería delegado de programas federales en Yucatán: dijo no conocerlo y remató con un “ni Liborio Vidal ni un yucateco”. Así de contundente fue el portazo desde el centro.
Tampoco ayuda que exista memoria, y en política yucateca la memoria es selectiva pero no inexistente. En el 2022, con la camiseta del PAN puesta –en esa ocasión–, Vidal cuestionó públicamente a Mario Delgado y a Citlalli Hernández por cómo se manejaba Morena por dentro. Hoy es precisamente Citlalli Hernández quien pesa en la estructura que decidirá las próximas candidaturas. En la política local se perdona casi todo, menos los agravios bien recordados.
Y mientras los panistas despistados buscan en el registro público la explicación de esta nueva cercanía, otros ya lo resolvieron con la frase de siempre: son sólo negocios. Los rumores sobre una eventual relación comercial de Bomssa con el gobierno estatal circulan con fuerza, aunque el padrón de proveedores, con su habitual retraso, todavía no lo confi rma. Al fi nal, en el Oriente yucateco pesan más los personajes que aportan algo más que votos: los que aportan operación territorial y billete.
EL RELEVO EN la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Yucatán no fue relevo: fue la confi rmación de que ahí nada se mueve. La permanencia de Vida Gómez al frente del partido expone, sin matices, que la llamada “nueva política” tiene un problema serio de renovación de cuadros, o de voluntad para tenerla. Para varios observadores, la ratifi - cación no es un voto de confi anza a su gestión sino la prueba de que el círculo de la exgobernadora Ivonne Ortega sigue mandando en el instituto naranja, cerrándole la puerta a cualquier liderazgo que amenace con oxigenarlo.
La consecuencia es previsible: perfi les externos y liderazgos sociales prefi eren quedarse en la banca antes que competir contra decisiones que ya vienen resueltas desde arriba. Vida Gómez lleva en la coordinación estatal desde el 2021, y en Movimiento Ciudadano eso ya no se llama continuidad: se llama secuestro. Mientras otros partidos al menos simulan abrir espacio a caras nuevas, aquí prevalece el mismo grupo de siempre, alimentando la idea de que Ivonne Ortega sigue gobernando el partido sin ocupar la silla.
EL PRESIDENTE ESTATAL del PAN, Álvaro Cetina Puerto, arrancó una campaña tan descarada como transparente para colocar a dos de sus colaboradoras más cercanas rumbo al Ayuntamiento de Mérida en el 2027.
La primera, su exasistente y hoy consejera estatal Arzet Chan Rihani, la mueve como regidora. La apuesta fuerte, sin embargo, es Giovanna Paula Bacelis Medina, actual ofi cial mayor del Comité Estatal que él mismo dirige, a quien empuja para la sindicatura, cargo que hoy ocupa María Cristina Castillo Espinosa. El plan, según se comenta en los círculos cercanos, incluye reacomodar a Castillo Espinosa en la Secretaría Municipal y colocar al actual secretario Edgar Ramírez Pech al frente de la Dirección de Presidencia, todo para dejarlo “libre” de cara al 2030, cuando Cecilia Patrón Laviada se convierta, con toda naturalidad partidista, en la candidata a gobernadora del PAN. Ingeniería política de manual. ¿Le saldrá el plan?
EL CASO DEL desarrollo Las Dunas ya no sólo exhibe una cadena de permisos concedidos por los tres niveles de gobierno: exhibe una opacidad que raya en el desafío. El proyecto avanza y nadie tiene certeza siquiera de su tamaño real: unas versiones hablan de cuatro torres y 74 departamentos, otras de 14 torres y 138 unidades. La Manifestación de Impacto Ambiental, el único documento que resolvería la duda, sigue sin hacerse pública. Como si el secreto fuera parte del diseño.
La ruta de las autorizaciones, en cambio, es clara. En lo municipal, la administración del entonces alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, otorgó los permisos. En lo estatal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encabezada entonces por Sayda Rodríguez Gómez –hoy diputada local del PAN–, emitió la Factibilidad Urbana Ambiental bajo el gobierno de Mauricio Vila Dosal. En lo federal, Semarnat puso su sello. Esa cadena perfecta de fi rmas mantiene al proyecto en una regularidad jurídica de papel, mientras el rechazo ciudadano crece y el propio Gobierno del Estado ya pidió a Semarnat y Profepa revisar el caso, que es la manera elegante de decir que algo no cuadra.
Las advertencias técnicas tampoco dejan espacio para el benefi cio de la duda: especialistas del Instituto de Ecología de la UNAM en Yucatán son categóricos en que construir sobre las dunas rompe el flujo natural de arena que alimenta las playas y acelera la erosión, el mismo fenómeno que ya devastó Cancún tras el huracán Wilma. La propia UNAM empuja ante Semarnat y Profepa la primera norma nacional para proteger dunas costeras, así de urgente se ve el problema desde la academia.
Chuburná Puerto puede terminar siendo el caso de manual: no se trata sólo del destino de un desarrollo inmobiliario, sino de si las autorizaciones municipales, estatales y federales respondieron al interés público o si hubo omisión, negligencia o algo peor. La revisión que pidió el Gobierno de Yucatán dirá si gana el patrimonio natural o si sigue intacto un modelo de permisos que ya no resiste el escrutinio social ni el científi co. Por lo pronto, el desarrollo recibió ayer su primer revés: una manta de la Profepa con la palabra “clausurado”.
YA EN CAMPAÑA está Emanuel Alcántara, conocido por haber sido uno de los principales operadores fi nancieros de Rommel Pacheco y por su cercanía con el hoy director de la Conade. En las últimas semanas ha emprendido una peculiar gira por diversas colonias de la ciudad, donde reúne a vecinos, principalmente de escasos recursos, bajo el argumento de que no busca hacer política, sino escuchar y platicar con la gente. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el mensaje que transmite durante esos encuentros.
Alcántara sostiene que “todo el esfuerzo que se hizo se está yendo por un caño” y que “ya es momento de hacer algo”, expresiones que han sido interpretadas por algunos asistentes como una muestra de inconformidad con el gobierno morenista, al que, según se recuerda, respaldó en su momento.
La situación ha despertado especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. No son pocos los que se preguntan si esta inusual actividad obedece a un eventual proyecto político, incluso desde una fuerza distinta a Morena. La posibilidad resulta llamativa, pues hasta ahora su trayectoria pública ha estado ligada al ámbito empresarial, como propietario de los gimnasios, y no cuenta con experiencia política conocida.
TAMBIÉN CAUSÓ SORPRESA que el festejo de cumpleaños de Sergio Vadillo se vaya a celebrar en el Poliforum Zamná, inmueble que es propiedad del Gobierno del Estado, mañana 1 de agosto. Según la invitación que ya circula, habrá rifa de motocicletas, regalos, comida, bebida, música en vivo y espectáculos: una fiesta de cumpleaños con presupuesto de cierre de campaña.
Lo verdaderamente revelador es que, según las versiones políticas, operadores territoriales cercanos a Rommel Pacheco estarían trabajando para llenar el recinto, y entre los posibles invitados fi gura el propio director de la Conade, aunque nadie lo confi rma ofi cialmente.
Las especulaciones se disparan porque el uso del inmueble estatal habría tenido el visto bueno del IDEY, encabezado por Armín Lizama, identifi cado con el grupo de Pacheco. La ironía no pasa inadvertida: Sergio Vadillo fue uno de los opositores más visibles de Morena en el pasado proceso electoral y es cercano al exgobernador Rolando Zapata Bello. Todo queda en familia, al parecer.
En política, la forma suele anticipar el fondo y Todo es Personal.
