El presidente electo, Abelardo de la Espriella (ADLE), de signo político completamente opuesto al de su antecesor, Gustavo Petro, desde antes de posesionarse ha dejado establecidos propósitos que echen por tierra sus políticas progresistas y borrar de un plumazo lo que pueda de esa Administración.
Así, por ejemplo, la nueva ministra de Educación será la exfiscal Vivian Morales, enemiga del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y muchísimo menos a adoptar hijos, totalmente en contra de las políticas de diversidad sexual. Fue una de las abanderadas de propagar el miedo al Acuerdo de Paz, porque acabaría la familia y obligaría a los hijos a volverse homosexuales, con lo cual la gente salió emberracada (furiosa) a votar NO en el plebiscito.
En materia de paz es donde la nueva Administración pone más empeño en borrar toda posibilidad de zanjar el conflicto armado de manera negociada. Acepto que el presidente Petro cometió muchísimos errores en el manejo de este problema, pero las soluciones que propone ADLE son todas recetas ya ensayadas y fracasadas.
Por ejemplo, su promesa de que en 30 días acabaría con los grupos armados —que ya no podemos llamar guerrillas porque han dejado atrás su ideología y participan en negocios ilegales y sojuzgan a la población—. No solo porque la sola represión ha demostrado ser ineficaz, sino porque han permeado a la población de manera tal que ya hacen parte de su vida: administran justicia ante la ausencia del Estado y son la única autoridad que ven los pobladores en muchos casos.
Gustavo Petro hizo muchos cambios en el Ejército, dio de baja a militares en medio de polémicas porque nunca fueron bien explicadas y la cúpula de la Fuerza Pública cambió radicalmente por esos cambios. Ahora ADLE ha prometido que va a reincorporar a quienes ya están en la vida civil. Pero el asunto no es tan fácil.
Los cambios en el escalafón de la Fuerza Pública pueden ocasionar verdaderos terremotos. Cuando el presidente Petro nombró comandante del Ejército al general Pedro Sánchez, muchos con mayor antigüedad que él debieron retirarse porque, según las normas, no podían quedar bajo órdenes de alguien con menor antigüedad.
En mi modesta opinión, el presidente electo, que ha querido dar una imagen de pertenencia castrense sin haber siquiera prestado servicio militar, como ese gesto con que pretende distinguirse de llevar la mano a la frente en saludo militar y gritar con supuesta voz de mando “Firme por la Patria”, no conoce el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y ahora que será su comandante superior se le hace urgente un curso intensivo en la materia.
Empecemos por el número de los pasados a retiro: son cientos, pero no todos fueron obligados a calificar servicios; sin embargo, ADLE supone que salieron por especie de persecución ideológica de un presidente de izquierda.
Ese mismo desconocimiento no le ha dejado ver que mover las fichas de ese tablero implica desacomodarlas todas: los que se reintegren tendrán que sacar a los que habían entrado en su reemplazo. Es decir, no hay cama pa’ tanta gente. Y como es de suponer que los reintegrados son más antiguos, tendrán que desalojar a quienes ya habían ocupado sus lugares.
No quiero imaginarme el problema que se armará en la rigidez del Ejército y, en general, en la Fuerza Pública. ¿Y qué va a hacer en los casos de los generales obligados a retirarse por sospechas o comprobación de corrupción?
Hay un caso muy reciente: el general del Ejército Erick Rodríguez fue obligado a retirarse mientras transcurría la pasada campaña electoral. Como él había denunciado que un grupo armado ilegal había censado a la población para obligarla a votar por el candidato de la izquierda, se atribuyó el hecho a persecución ideológica, pero luego se dijo que había sido porque participó en un caso de corrupción.
El presidente electo justifica su intención diciendo que los uniformados fueron retirados por razones ideológicas y nombró en las labores de empalme al general (r) Jorge Mora, un militar tropero que comandó el Ejército entre 1998 y 2002, cuando se realizó el fallido proceso de Paz del Caguán, en el gobierno de Andrés Pastrana, que desmilitarizó 42 mil kilómetros cuadrados, que considera se acomoda a lo que debe ser un comandante.
Veremos. Por el bien del país le deseo mucha suerte. Ojalá triunfe en donde tantos con mayor experiencia y conocimiento han visto naufragar políticas que se consideraban muy bien fundamentadas.
El único que, como ministro de Defensa primero y después presidente de la República, logró un Acuerdo de Paz manteniendo el respeto y la subordinación de la Fuerza Pública fue Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, a quien ADLE llama Tartufo.
