A mediados de agosto, la administración anunció que en los primeros siete meses de 2026 los sistemas públicos de salud registraron más de 101 millones de consultas de primer nivel, 31.7 millones de especialidad y realizaron casi 1.9 millones de cirugías. Comparado con 2022, representan incrementos de 28, 60 y 30 por ciento. Estos avances son reales. Detrás de esas estadísticas hay cataratas que se operaron, diagnósticos oportunos y familias que dejaron de esperar semanas por atención. La recuperación tras la pandemia cuenta.
El problema aparece cuando confundimos los números que producimos con los resultados que obtenemos. Un servicio de salud que reporta miles consultas mensuales presenta información incompleta. Lo que realmente importa es saber si esas miles de consultas resolvieron los problemas médicos de las personas, si los pacientes recibieron sus medicamentos prescritos, si mejoraron sus condiciones de salud o si tuvieron que endeudarse para completar su tratamiento.
Pensemos en un caso concreto. Una mujer con diabetes mal controlada acude al hospital tres veces en tres meses. La institución suma tres consultas exitosas en sus reportes. Pero si no recibe sus medicamentos, si nadie revisa complicaciones en sus ojos o riñones y termina en urgencias, ¿realmente hubo éxito? La cifra de consultas subió mientras su salud empeoró.
Este fenómeno ocurre con más frecuencia de la que creemos: cuando una consulta no resuelve el problema del paciente, el mismo paciente regresa, se saturan los servicios y la institución registra más actividad. Las estadísticas mejoran mientras el sistema se desgasta y el paciente no obtiene la respuesta que necesitaba.
La administración actual sostiene públicamente que la salud es un derecho, no una mercancía. Promete un sistema humanista que no se reduce a cifras económicas. Sin embargo, cuando presentó el desempeño de la salud pública, recurrió exactamente a esa métrica: producción de servicios. Fue una decisión administrativa comprensible, pero que contradice la orientación ideológica del gobierno.
En una fábrica tradicional, la productividad termina cuando el producto sale de la línea de manufactura. En la salud pública, el verdadero éxito recién comienza: se completa cuando ese servicio genera bienestar real en la vida de las personas, cuando reduce desigualdades en el acceso, cuando protege el bolsillo de las familias y cuando garantiza trato digno. Estos son criterios distintos, y exigen métricas distintas.
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Los datos internacionales sugieren por qué es urgente cambiar de enfoque. Según información de 2025, apenas el 56 por ciento de los mexicanos estaba satisfecho con la disponibilidad de atención de calidad, ocho puntos por debajo del promedio de países desarrollados.
Tampoco sabemos si el aumento reportado en cirugías significó efectivamente menor tiempo de espera para los pacientes. Es probable, pero la verdad reside en los detalles. ¿Cuántos días espera un paciente entre el momento en que le indican una cirugía y cuando finalmente se la practican? ¿Cuántos rebasaron el plazo que se considera aceptable? ¿Hay diferencias significativas entre hospitales y especialidades? La espera no se reduce por promedios estadísticos: se reduce paciente por paciente, caso por caso, cirugía por cirugía.
Existe otro indicador de desempeño que rara vez aparece en estos reportes: el costo que asume directamente la población. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, el gasto promedio trimestral de un hogar en servicios de salud creció de 1,136 pesos en 2018 a 1,605 en 2024. Eso representa un aumento real cercano a 41 por ciento en apenas seis años.
¿Qué tendría que cambiar? Contar más consultas es administrativamente sencillo; lo difícil es responder simultáneamente tres preguntas elementales: ¿cuánto se produjo?, ¿a qué costo en recursos públicos?, y lo más importante, ¿mejoró la vida de las personas?
En esta última respuesta deberían aparecer: tiempo real de espera, problemas médicos resueltos en la primera consulta, medicamentos surtidos completamente, enfermedades crónicas controladas, efectos adversos derivados de la atención y grado de satisfacción del paciente. Todo eso junto ofrece una fotografía real del desempeño del sistema.
Si la salud es un derecho, si el humanismo mexicano debe ser el eje de la política pública, entonces la métrica final no puede ser cuántos actos produjo el Estado en sus hospitales. La medida que importa es cuántas personas viven mejor, con menos preocupaciones económicas, con menos días esperando una respuesta médica y con sus tratamientos completos.
