El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (ADL) ha prometido reactivar el derecho de los civiles a portar armas, que había sido regulado bajo el monopolio del Estado y sujeto a suspensiones temporales generales. La Constitución Política establece que el monopolio de las armas pertenece al Estado y que los particulares sólo pueden utilizarlas mediante permisos especiales. Pero, desde 2015 los gobiernos han suspendido los permisos generales de porte de armas y los han venido prorrogando cada año de manera continua y limitada.
En el presente mes el presidente expidió un decreto que reactiva los permisos de porte que, si bien no establecen libertad absoluta de los civiles para portar armas, reactiva los permisos individuales vigentes. ADL, quien después de haberse declarado ateo ahora parece haber tenido una experiencia como Saulo en el camino de Damasco y es católico confeso, de esos que deben dar muestras públicas de su fe, debería escuchar al Papa León XIV, su jefe espiritual de acuerdo con la doctrina católica: “No se puede creer en Jesús y promover la guerra”.
Sin embargo, “estoy feliz de firmar este decreto”, dijo el presidente, en momentos en que hay unos dieciocho mil hombres armados integrados a grupos armados ilegales, unos herederos de las guerrillas, otros como reductos de los antiguos paramilitares y otros simplemente caracterizados como Grupos Armados Organizados (GAO), cuya cifra es casi imposible de precisar porque se han escindido de los grupos originales y luego vuelto a escindir.
Para ensombrecer más el panorama, acabamos de pasar por la tragedia de un terremoto que necesariamente dejará miles de desempleados, muchachos sin techo, algunos de ellos sin padres porque perecieron en esa calamidad, todo eso sin contar las cientos de miles pequeñas bandas de delincuentes comunes, todos a la caza de menores para reclutarlos. En medio de ese panorama, el presidente ADL negó su respaldo al proceso de desmovilización de un grupo armado de origen guerrillero en el sur del país, cuyos 99 miembros se agruparon, ya como civiles luego de dejar sus armas, en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT), tal como habían acordado con la delegación nombrada por el gobierno anterior para el efecto. Ahora estos jóvenes que se desmovilizaron para reintegrarse a la sociedad quedan a la deriva. Con ese ejemplo difícilmente otros seguirán ese camino.
En Colombia tenemos una experiencia no muy lejana de las macabras consecuencias de armar a los civiles: en los años 90, durante la presidencia de César Gaviria, se crearon las Convivir, supuestamente grupos de finqueros armados para defenderse de las guerrillas que los tenían acosados con el secuestro y la extorsión. Esos grupos se convirtieron en paramilitares que con ese pretexto sembraron el terror en los campos y poblados apartados. Fue una época que nos rebajó como seres humanos: las hordas paramilitares entraban matando, violando, decapitando y jugando fútbol con las cabezas de sus víctimas y detrás de ellos llegaban los despojadores que se apropiaban de las tierras de los asesinados y sus sobrevivientes que tuvieron que huir y refugiarse conformando los cinturones de miseria de las ciudades.
En el Gobierno de Álvaro Uribe, los jefes paramilitares fueron invitados al Capitolio donde fueron recibidos como héroes y luego el mismo presidente -que alabó su pantomima en el Congreso como “una pruebita de democracia”- ordenó su extradición. Según dijo Salvatore Mancuso, uno de sus más célebres comandantes, porque estaban comenzando a hablar sobre el apoyo que habían recibido de las autoridades.
Así que de las desgracias que acarrean la armas en manos de los civiles ya hemos tenido suficiente experiencia para que actuemos ahora como si esto fuera Suiza y creamos que las personas armadas sólo las utilizarán para defensa personal con apego a la ley y las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todos los días surgen señales preocupantes. La Corporación Reiniciar que representa a las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica -UP por el cual el Estado colombiano pidió perdón público, avisa que rechaza el reciente nombramiento del general ® Jorge Andrés Zuluaga como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) porque ha sido señalado judicialmente en las investigaciones de ese genocidio.
La Justicia Especial de Paz (JEP) que por mandato del acuerdo de paz incluido en la Constitución es la encargada de juzgar a militares y guerrilleros en el marco del conflicto armado, lanza una alerta por el recorte de su presupuesto que impactará su misión. Tiempos convulsos que reclaman cordura, sensatez y alejarse de enfrentamientos ideológicos que nada tienen que ver con los temas que se están debatiendo y que impactarán en el normal desenvolvimiento de la vida nacional.
