El Gobierno de Gustavo Petro, que terminó el pasado 7 de agosto, tuvo como política rectora la Paz Total. Esta suponía entablar negociaciones con todos los grupos armados ilegales, independientemente de su origen, con miras a pactar, mediante una serie de beneficios penales, su desmovilización. En desarrollo de ella, entabló relaciones con el Ejército de Liberación Nacional, una antigua guerrilla con más de sesenta años de existencia; varias disidencias y grupos resultantes de escisiones de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizaron mediante un acuerdo de paz con el Estado colombiano; y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista. Para ello solicitó apoyo de gobiernos y organismos internacionales, y nombró negociadores que durante todo el cuatrienio mantuvieron conversaciones, casi todas fallidas, con esos grupos, que mientras estaban en negociaciones continuaban participando en delitos, llegaron a decretar paros armados con los que confinaban a la población, cerraban carreteras y aislaban pueblos.
La actuación del Comisionado de Paz del Gobierno y los negociadores era cuestionada y la ciudadanía exigía respuestas efectivas contra esos desmanes. El Presidente insistió hasta el cansancio y finalmente, ante su persistencia en el delito, los llamó traquetos —denominación colombiana para narcotraficantes— y rompió las conversaciones. Pero hubo una excepción: un grupo guerrillero, el Frente Comuneros del Sur, en el departamento del Putumayo, casi frontera con Ecuador, entregó sus armas y se ubicó, tal como estaba previsto, en la ZUT (Zona de Ubicación Temporal), como paso previo a su reconocimiento definitivo como personas que pueden hacer vida normal dentro de la ley.
La llegada del nuevo Gobierno, que se ha manifestado en contra de la Paz Total, en lo cual lo apoyan muchos colombianos, intenta desconocer ese proceso, con lo cual viola la legalidad pactada. Si el faro del Gobierno anterior era la paz, el del actual es la seguridad y en ese sentido se entiende su deseo de marcar la diferencia, pero eso no puede pasar por regresar el país a épocas en que la guerra marcó nuestras vidas.
Algunas políticas de seguridad anunciadas por el presidente De la Espriella despiertan preocupaciones. Una de las más protuberantes, porque no va en contravía de una política de seguridad, es su declarado rechazo a la JEP (Justicia Especial para la Paz), nacida del acuerdo de paz con las FARC, que aplica justicia restaurativa para juzgar a exguerrilleros y militares que hubieran cometido delitos en el marco del conflicto armado. El Presidente ha anunciado que les recortará el presupuesto en una cuantía tal que compromete su continuidad.
Este tribunal ha sido avalado por la CPI (Corte Penal Internacional), que conceptuó que era ejemplo para el mundo y que no implicaba impunidad. En cumplimiento de su sanción, los excomandantes de las FARC han reconocido sus delitos, han pedido perdón a sus víctimas, las han reparado y se han comprometido a su no repetición. Aún siguen sometidos a la jurisdicción de ese tribunal, que recientemente los ha llamado a responder por sus crímenes de contenido sexual en general y con menores en particular. Esas comparecencias nos han servido además a todos los colombianos para ver el abismo en que nos puede sumir la violencia y valorar la necesidad de la paz.
Otras medidas del nuevo Gobierno generan preocupaciones. Es comprensible que busque el normal desarrollo de la universidad pública y que en ese propósito se proponga controlar la participación de personas ajenas a ella en las protestas. Pero su propuesta de violar la autonomía universitaria autorizando la entrada de policías al recinto universitario para controlar protestas —sin especificar qué considera como tales— puede equivaler a intentar apagar un fuego con gasolina, algo que se utilizó en otras ocasiones con resultados lamentables.
La propuesta de cambiar la política de sustitución de cultivos ilícitos por aspersión aérea, tal vez por consejo de Estados Unidos, ha sido probada en este país con resultados fatales. Su cercanía evidente con ese país debería servir para propiciar una política de control de consumo allí como única vía efectiva y no, como ya se vislumbra, una autorización para bombardear lanchas de pescadores en el Caribe.
Frente al rechazo del Gobierno de Gustavo Petro al genocidio en Palestina, que lo llevó a romper relaciones con Israel y dejar de venderle carbón, el nuevo Gobierno no sólo restableció relaciones, sino que ordenó mudar la Embajada a Jerusalén Este y reconoció la soberanía de ese país sobre los Altos del Golán, pertenecientes a Siria, como lo han reconocido resoluciones internacionales, algo que solamente había hecho el Gobierno de Estados Unidos. Los colombianos nos preguntamos qué beneficios reportan estas medidas a nuestro país.
Cada Gobierno tiene el derecho a gobernar de acuerdo con sus convicciones, pero debe tener cuidado para que su afán de deslindarse del que considera de signo contrario al suyo no arrase con políticas que podrían resultarle beneficiosas a él mismo.
