Organizaciones ambientalistas expusieron que varios delfinarios en Quintana Roo continúan con prácticas ilegales de reproducción de cetáceos y maltrato animal, a pesar de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, aprobada en junio de 2025, que prohíbe estas actividades con fines de lucro.
Óscar Rébora Aguilera, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), informó que ante estos señalamientos se realizarán operativos de inspección en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría Ambiental estatal (PPA). Reconoció que la dependencia ha recibido reportes formales sobre reproducción no autorizada, lo que representa una violación directa a la ley.
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Quintana Roo alberga 17 delfinarios, lo que equivale al 50% de las 34 instalaciones existentes a nivel nacional. Esto convierte al estado en el epicentro del debate sobre el futuro de esta industria en México.
María Fernanda Solórzano, bióloga marina y especialista en bienestar animal, señaló que el reto no está únicamente en la ley, sino en su cumplimiento:
“La ley marca un rumbo claro, pero si no hay inspecciones frecuentes, padrones públicos y sanciones reales, estos espacios seguirán operando igual que antes. Hay un rezago histórico en la vigilancia que debe corregirse ya”, advirtió.
Por su parte, Julián Santoscoy, abogado ambientalista, subrayó que la reforma representa un cambio de paradigma, pero advirtió que:
“Las autoridades deben definir protocolos claros para el traslado y cuidado de los animales, de lo contrario se corre el riesgo de que los delfinarios alarguen procesos y mantengan operaciones bajo vacíos legales”.
Defensores de animales celebraron la reforma, pero exigieron firmeza en su aplicación. Carla Ávila, integrante del colectivo “Liberación Azul”, afirmó que:
“Seguir naciendo crías en cautiverio demuestra que no hay voluntad de cambio, sólo discursos”.
En el mismo sentido, Raúl Méndez, activista independiente, consideró que:
“La transición a santuarios no puede ser negociable; debe haber fechas límite y sanciones que realmente duelan a quienes lucran con seres vivos”.
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Como parte de la respuesta institucional, SEMA propuso la creación de un registro espejo de ejemplares marinos, con el objetivo de cotejar datos con la Semarnat y detectar inconsistencias en los padrones.
Además, iniciaron reuniones con representantes de delfinarios para definir el proceso de transición hacia santuarios marinos, conforme establece la reforma que prohíbe espectáculos, reproducción comercial y aprovechamiento lucrativo de mamíferos marinos.
“La vigilancia efectiva y la coordinación interinstitucional serán clave para que la reforma no quede en el papel y marque el inicio del fin de la industria de delfinarios en el país”, reiteró Raúl Méndez.
