Para que una denuncia ciudadana contra un elemento policial derive en una sanción -incluida la baja definitiva- debe seguir un procedimiento administrativo que puede extenderse entre seis y ocho meses, revelaron autoridades del Consejo de Honor y Justicia.
El proceso inicia con la presentación de la queja ante el área de Asuntos Internos, donde abren una carpeta administrativa similar a una investigación ministerial. En esta etapa se recaba la declaración de la persona afectada y reciben pruebas. Posteriormente, los policías señalados son citados para rendir su versión de los hechos y aportar elementos de defensa, siempre asistidos por un abogado.
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“Si por la gravedad del caso no se logra una resolución en Asuntos Internos, el expediente es turnado al Consejo de Desarrollo Policial, Honor y Justicia, órgano colegiado que sesiona para determinar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados”, indicó una fuente interna, que destacó que en audiencia, el organismo puede imponer sanciones que van desde suspensión de uno a tres meses sin goce de sueldo, arresto administrativo o la baja definitiva, en caso de acreditarse la falta.
Las autoridades señalaron que mensualmente se revisan múltiples expedientes y que alrededor de 100 elementos permanecen en espera de resolución desde el año pasado; sin embargo, muchos casos no prosperan por falta de seguimiento de la parte denunciante. Incluso cuando existen videos, si no hay denuncia formal o las pruebas no son concluyentes, los procedimientos suelen cerrarse.
Recordaron que el año pasado se investigaron agresiones contra turistas nacionales, casos que siguieron este mismo procedimiento. Actualmente, indicaron, no existen indicios de nuevos elementos que enfrenten procesos para separación definitiva del cargo, salvo el que fue detenido por robo y fue separado esta misma semana.
Como POR ESTO! informó, en lo que va de la actual administración municipal, 29 elementos han sido separados del cargo y 35 más están bajo investigación por irregularidades en el uso de las cámaras de solapa. Por ello, el jueves pasado en Sesión de Cabildo se aprobó una reforma policial con mecanismos más rápidos para separar del cargo de forma inmediata a cualquier elemento que incurra en abusos, corrupción o ilegalidades.
Además, se firmó un convenio de colaboración con el fiscal Edgar Ramírez Morales para fortalecer el trabajo coordinado con el organismo especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
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JY