Comerciantes de Playa del Carmen denunciaron ser víctimas de presuntas prácticas de “extorsión con charola” por parte de fiscales de Protección Civil del Gobierno municipal, quienes recorren negocios para exigir pagos por irregularidades menores o anticiparse a vencimientos de licencias; de no acceder, colocan sellos de suspensión, cuyo retiro implica multas de hasta 50 mil pesos, según testimonios anónimos por temor a represalias.
De acuerdo con los denunciantes identificados con las iniciales M.L.A., J.P.T. y J.V.L., los inspectores estarían realizando cobros indebidos que, aseguran, afectan la operación de los establecimientos. Señalaron que estas acciones han derivado en cierres, debido a lo que calificaron como una carga económica insostenible.
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Los testimonios refieren que, a diferencia del 2025, cuando existía tolerancia ante faltas menores —como ausencia de señalización o instalaciones eléctricas deficientes—, en el 2026 se intensificaron las inspecciones. Indicaron que participan elementos de Protección Civil, así como personal de áreas conocidas como Cobra y Fiscalización, vinculadas a Julián Lara Maldonado e Hilario San Pedro Perera.
Según M.L.A., por irregularidades mínimas se levantan actas con advertencias directas: pagar 5 mil pesos de inmediato o enfrentar multas de hasta 30 mil. En caso de negativa, se colocan sellos de suspensión, cuyo retiro implica 25 mil pesos por cada uno.
Por su parte, J.P.T. afirmó que existe una “cacería” contra negocios, donde inspectores y presuntos policías municipales actúan de forma coordinada para exigir dinero. Relató el caso de un comerciante que fue interceptado, revisado y despojado de 20 mil pesos; no denunció a causa de amenazas.
Marcos Antonio López Díaz, presidente de la asociación civil “Vecinos Unidos”, lamentó la situación y señaló que estas prácticas afectan a quienes trabajan de manera formal, especialmente en un contexto de baja actividad turística. Consideró que el acoso persistente podría provocar más cierres y agravar la situación económica.
Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades municipales para priorizar la seguridad pública, al advertir que los hechos de violencia han impactado la vida económica y social de Playa del Carmen.
