El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en esta ciudad, desechó las solicitudes de amparo promovidas por Julio César (JC) Chávez Jr. y un grupo de empresarios locales, quienes intentaban frenar órdenes de aprehensión y procedimientos administrativos en su contra, emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con lo publicado en estrados judiciales, la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, perteneciente al Vigésimo Séptimo Circuito Judicial, resolvió el pasado 7 de julio, desechar el recurso de amparo promovido por el boxeador mexicano, bajo el expediente 617/2025, presentado tres días antes.
La notificación oficial fue realizada por el actuario Eduardo Guevara Aguirre, y la resolución fue puesta a disposición de las partes.
El rechazo al amparo abre la posibilidad para que la defensa legal de Chávez Jr. y los empresarios apelen la decisión ante cualquiera de los tres tribunales colegiados de circuito de esta región.
Legalmente, el plazo para presentar un recurso de queja o revisión es de 10 días hábiles, a partir de la notificación oficial, por lo que aún está dentro del marco legal para impugnar.
Mientras tanto, en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Chávez Jr. el pasado 2 de julio en Studio City, California, por violación a las condiciones migratorias: ingresó con una visa de turista tipo B2 en agosto de 2023, la cual venció en febrero de 2024. A esto se suman acusaciones por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En México, la FGR mantiene vigente una orden de aprehensión contra Chávez Jr. desde marzo de 2023, por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, y confirmó que está en trámite el proceso para su eventual repatriación.
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De acuerdo con fuentes judiciales, de manera paralela, un grupo de empresarios quintanarroenses -presuntamente vinculados con Chávez Jr.- promovió un amparo colectivo, buscando evitar acciones de congelamiento de cuentas bancarias, aseguramiento de propiedades y revisión de giros comerciales en sectores como turismo, bienes raíces, centros nocturnos y servicios financieros, ubicados principalmente en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
El Juzgado Tercero también desechó este recurso, al considerar que los promoventes carecían de interés jurídico legítimo y que el acto reclamado no encajaba dentro de los supuestos constitucionales de protección por la vía del amparo.
La resolución advierte que, en todo caso, los procedimientos deben seguirse por las vías administrativa o penal, según corresponda.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, las investigaciones apuntan a que las empresas implicadas habrían servido como vehículos para operaciones de lavado de dinero o evasión fiscal vinculadas al entorno financiero del exboxeador, aunque no se ha judicializado ninguna carpeta formalmente contra estos empresarios.
