El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito confirmó una sentencia que obliga a autoridades estatales y municipales a corregir las graves irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde más de 4,500 familias habitan sin condiciones mínimas de dignidad, informaron Mónica Huerta Solis, abogada de la asociación Defendiendo el Derecho a Medio Ambiente Sano (Dmas) y Víctor Hugo Guizasola Sarabia, representante del comité de vecinos.
La resolución, emitida en el amparo en revisión 280/2024, precisa que las autoridades no pueden seguir ignorando desarrollos entregados sin drenaje, sin infraestructura hidráulica adecuada y en condiciones que vulneran derechos fundamentales.
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La sentencia involucra a presidenta municipal, gobernadora, así como a funcionarios de dependencias estatales y municipales. La desarrolladora CDY Desarrollos Urbanos tiene un plazo de seis meses para construir una planta de tratamiento para 5 mil viviendas, mientras que las autoridades deberán reportar avances cada 15 días.
La organización civil precisó que el fallo judicial firme obliga a autoridades municipales y estatales, así como a la empresa desarrolladora, a atender las graves deficiencias de infraestructura en el Fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde por más de una década miles de familias han vivido entre aguas negras, falta de servicios básicos y condiciones insalubres. Vecinos relataron que, aunque adquirieron sus viviendas desde 2012, los problemas comenzaron pocos años después debido a un proyecto inconcluso iniciado desde 2009.
El colapso del sistema de drenaje, la falta de alumbrado público y la deficiente recolección de basura derivaron en un entorno crítico, especialmente durante temporadas de lluvia, cuando las aguas residuales se desbordaban hacia calles y hogares, generando riesgos sanitarios.
Tras años de gestiones sin respuesta efectiva por parte del municipio y diversas dependencias, en 2023 los habitantes, con acompañamiento legal, promovieron un amparo por violaciones a derechos humanos, principalmente el acceso a una vivienda digna.
En abril de 2024, un juzgado federal resolvió a su favor, ordenando a la desarrolladora concluir las obras pendientes y, en su defecto, instruyó a las autoridades a ejecutar una fianza por más de 12 millones de pesos para garantizar la infraestructura básica. Luego de que la empresa impugnara la resolución, el caso llegó a un tribunal colegiado, que recientemente confirmó la sentencia.
El fallo establece acciones inmediatas: notificar a la desarrolladora para que cumpla con las obras de agua potable y alcantarillado, y en caso de incumplimiento, el Estado deberá ejecutar la fianza y concluir los trabajos en un plazo máximo de seis meses.
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Representantes legales destacaron que esta resolución sienta un precedente relevante, ya que en Cancún existen más de 150 fraccionamientos en condiciones similares, sin municipalización y con servicios deficientes. Subrayaron que el problema no es aislado, sino estructural, derivado de omisiones tanto de desarrolladores como de autoridades.
El represente de los habitantes hizo un llamado a las autoridades para cumplir la sentencia sin dilaciones, al señalar que la justicia ya reconoció las afectaciones, incluyendo contaminación del manto freático y riesgos a la salud, por lo que ahora corresponde garantizar condiciones dignas para miles de familias.
