Con 17.1 denuncias por violencia familiar al mes, Cozumel tiene un aumento sostenido en este tipo de hechos, en comparación con las 16.8 del año pasado, situación que ha generado preocupación entre autoridades y organizaciones civiles.
Lo anterior, debido a que, aunque los reportes policiales han ido al alza, la mayoría no se formaliza como denuncia, lo que impide avanzar en procesos legales y limita la protección integral de las víctimas, acusaron las autoridades.
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De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2024 se registraron 202 casos de violencia familiar, además de 37 de abuso sexual y 10 denuncias por violación.
Las cifras actuales muestran que la tendencia se mantiene al alza, ya que, hasta octubre, el municipio acumulaba 171 reportes de violencia familiar, 11 de violación y 35 de abuso sexual.
Este año, hay un promedio de 17.1 denuncias por agresión doméstica; mientras que en el 2024 se registraron 16.8.
En cuanto a violencia sexual, se reportan, por mes, al menos un caso de violación y 3.5 de abuso; en el 2024 promediaron .83 y tres, respectivamente.
Las autoridades señalaron que la brecha entre reportes y denuncias formales continúa siendo el principal obstáculo para que las autoridades puedan intervenir de manera efectiva.
En muchos hogares, aseguraron, las víctimas deciden no acudir al Ministerio Público por miedo a represalias, dependencia económica, presión social o falta de información sobre los mecanismos de apoyo disponibles.
Elementos de Seguridad Pública confirmaron que los agentes atienden llamados constantes, especialmente durante fines de semana o tras eventos familiares, pero en numerosos casos los afectados declinan proceder legalmente. Esto provoca que los agresores queden en libertad y que el ciclo de violencia permanezca sin seguimiento ni medidas de protección.
El Grupo Especializado de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (Geavig), en la isla, subrayó que es urgente fortalecer campañas de sensibilización, capacitar al personal de Salud y Seguridad para brindar atención con perspectiva de género y mejorar la coordinación entre la policía municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el DIF, a fin de garantizar acompañamiento psicológico y legal.
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Asimismo, destacó la necesidad de reforzar los programas de prevención, especialmente en sectores vulnerables, así como ampliar los espacios de refugio y contención para mujeres y niños que enfrentan violencia en su entorno familiar.
La FGE reiteró que los reportes pueden realizarse de forma presencial o a través de medios digitales y que cuentan con protocolos para proteger la identidad de las víctimas; sin embargo, reconoció que sin la denuncia formal no es posible iniciar procesos judiciales ni aplicar medidas cautelares.
