Quintana Roo / Sucesos

Investigan a Lili Campos por presunto daño de más de 62 mdp al erario de Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado confirmó que la exalcaldesa de Playa del Carmen fue detenida en la CDMX mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con las investigaciones, una empresa con apenas 15 empleados reportaba hasta 865 lavados mensuales para atender 123 vehículos municipales
De acuerdo con las investigaciones, una empresa con apenas 15 empleados reportaba hasta 865 lavados mensuales para atender 123 vehículos municipales / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la detención de la exalcaldesa de Solidaridad, Roxana Lili Campos Miranda, en la Ciudad de México, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del erario municipal.

De acuerdo con el comunicado 427/2026, emitido este viernes 20 de noviembre, la aprehensión fue realizada mediante un operativo coordinado entre la FGE y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden judicial.

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La investigación señala que durante la administración de Campos Miranda, correspondiente al periodo 2021-2024, se habría ocasionado un daño económico superior a los 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, por presuntas irregularidades en contratos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Según la Fiscalía, entre 2022 y 2024 fueron otorgadas presuntamente de manera indebida tres licitaciones públicas a un particular para prestar este servicio.

Las indagatorias apuntan que la dependencia municipal contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que se reportaban hasta 865 lavados mensuales, sin días de descanso, pese a que la empresa contratada únicamente disponía de 15 empleados.

Además, la autoridad señaló que el prestador del servicio carecía de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos; sin embargo, los pagos continuaron hasta superar los 62 millones de pesos.

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La Fiscalía también indicó que servidores públicos involucrados habrían omitido sus responsabilidades de revisión y seguimiento, al no verificar que los servicios contratados se cumplieran ni que existiera la documentación comprobatoria exigida por la ley.

La exalcaldesa es investigada por estos hechos, mientras las autoridades continúan con el procedimiento correspondiente.