En un fallo que sienta un precedente contra la violencia digital y el chantaje procesal en Quintana Roo, Roger Armando Marín Uc fue sentenciado a más de 15 años de prisión. El ahora condenado utilizó material íntimo grabado sin consentimiento para extorsionar a su expareja, intentando obligarla a retirar una demanda de pensión alimenticia para sus dos hijos menores de edad.
La disputa legal comenzó cuando la víctima inició juicios para el reconocimiento de paternidad y el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de sus hijos. Tras una resolución judicial que obligaba a Marín Uc a registrar a los menores y cumplir con la manutención, el sentenciado respondió con una campaña de intimidación y violencia psicológica que se prolongó por años.
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Bajo la amenaza de difundir un video de contenido sexual —obtenido de forma ilícita durante su relación—, Marín Uc logró inicialmente que la afectada desistiera de la demanda. Sin embargo, cuando la madre retomó el proceso legal en 2016 ante la necesidad de sustento para los menores, el agresor cumplió sus amenazas.
No solo publicó el material en redes sociales, sino que inició un ataque directo al entorno de la víctima. Según el expediente, el sentenciado envió el video a personas cercanas y amenazó con distribuirlo en escuelas y guarderías donde se encontraban sus propios hijos, con el único fin de quebrar la voluntad de la madre y evitar el pago de la pensión.
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El Juez de la causa dictó una pena de 15 años por el delito de extorsión y seis meses adicionales por la violación a la intimidad personal. Además de la privación de su libertad, Roger Armando Marín Uc deberá cubrir multas que ascienden a los 65 mil 736 pesos, sumado a un pago de 52 mil 500 pesos por concepto de reparación del daño moral.
Esta sentencia destaca la gravedad de la "porno-extorsión", una práctica que en este caso no solo buscaba denigrar la imagen de la mujer, sino vulnerar el derecho humano básico de los menores a recibir alimentos, utilizando la tecnología como un arma de coacción que finalmente fue castigada por los tribunales locales.
