El Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) avanza con paso firme en la regularización de predios invadidos en por lo menos 49 municipios de la entidad.
Aunque se registran más casos de este fenómeno social en Mérida, las localidades del interior del estado no están exentas de la invasión de tierras.
A las personas que se encuentra en esa situación –que no es legal porque los terrenos son propiedad privada– el Instituto las canaliza a otras instancias para que puedan regularizarse, y evitar problemas legales en un futuro, informó a POR ESTO! Felipe Cervera Hernández, director del IVEY.
Indicó que quienes viven en esos predios –a los que se les llama “invasores”– en su mayoría es gente de otros estados que viene a Yucatán en busca de oportunidades laborales, y que al rendirse en esa búsqueda se establece en un espacio de terreno en los montes, alejados de la mancha urbana, donde construyen chozas con maderas, plásticos y otros materiales.
Sin embargo, también se ha tenido el registro de personas que invaden tierras que son de yucatecos, y lo hacen porque ven la facilidad de construir un refugio. También esto está fuera de la legalidad.
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Seguimiento a casos
En cuanto a los terrenos invadidos que son propiedad del Instituto, Cervera Hernández dijo que se continúa dando seguimiento explícito y frecuente por parte de la Dirección Jurídica y de Regularización de Suelo del IVEY.
Esto tiene por objetivo, primero, verificar que no se esté lucrando con la necesidad de las familias –comercializando con las tierras– para que los procesos de regularización se puedan completar y que las familias que llevan años viviendo en esos sitios no se queden desamparadas y sin techo.
De acuerdo con lo informado, existe una lista de gente con buenas intenciones de adquirir un terreno, a la cual se le brindan asesorías legales para evitar que caigan en fraudes o sean víctimas de gente mal intencionada.
Asimismo, la dependencia verifica que los pagos correspondientes se encuentren cubiertos, para que los títulos de propiedad comiencen a liberarse, y la gente tenga certeza jurídica y de contar con una vivienda en un futuro.
