Los números hablan solos. Entre el 2010 y el 2024, el número de parcelas ejidales convertidas en propiedad privada en Yucatán creció 133 por ciento: de 7 mil 406 a 17 mil 316. En superficie, eso significa que más de 99 mil hectáreas –antes tierras sociales‒ pasaron a manos privadas. Todo legal, amparado en la Ley Agraria de 1992.
El fenómeno no es exclusivo de Yucatán ni reciente. Un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible documentó que, entre 1992 y 2019, Campeche, Quintana Roo y Yucatán vieron pasar a manos privadas 22 mil 660 parcelas ejidales, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas. A eso se suman otras 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común que fueron parceladas y apropiadas por actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial en toda la península.
Pero legalidad no es lo mismo que justicia. La Fundación Yansa, que acompaña procesos comunitarios de defensa del territorio, ha documentado modus operandi que van más allá de la ley: falsificación de actas de asamblea, sobornos a comisariados ejidales, contubernios con funcionarios agrarios. El resultado es el mismo: tierras que eran de todos terminan siendo de unos pocos.
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Y mientras eso ocurre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no da abasto. En los últimos meses ha clausurado desarrollos en Xcunyá, Chelem, Sisal, Celestún y dentro de áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biósfera Ría Celestún y el Parque Nacional Dzibilchaltún.
Las clausuras llegan, pero los lotes ya están vendidos. En algunos casos, la página web del desarrollo sigue activa con cientos de terrenos en oferta, semanas después del sello oficial. “Vamos a estar muy vigilantes”, dijo la procuradora Mariana Boy. El problema es que en Yucatán el territorio se vende más rápido de lo que cualquier inspector puede recorrer.
Sisal: el pueblo mágico que le cuesta a los mayas
Cuando en diciembre del 2020 declararon a Sisal “pueblo mágico”, nadie en las comunidades celebró demasiado. Tenían razón de desconfiar. En cuestión de meses, las redes sociales se inundaron de publicaciones inmobiliarias. Los terrenos se dispararon. Los manglares comenzaron a caer.
“Pusieron a Sisal en el foco y eso trajo mucha gente. Sabemos que eso tiene fines de vender Sisal”, dice Teresa Hernández, habitante del lugar.
El desarrollo Paraíso Sisal, ubicado dentro del polígono de la Reserva Estatal El Palmar, vende lotes desde 5 millones de pesos en zonas que colindan con reservas ecológicas. La Profepa lo clausuró de manera total y temporal al detectar que operaba sin la autorización de impacto ambiental que emite la Semarnat, tras hallar remoción de vegetación de duna costera y afectación a mangle blanco, negro, rojo y botoncillo.
En marzo del 2025, otro reporte documentó la destrucción de 10 mil 400 m2 de mangle botoncillo en la zona, lo que derivó en una nueva clausura total temporal. Los sellos fueron violados. Siguieron el desmonte y la lotificación. La Profepa presentó una denuncia penal.
La tensión escaló hasta las calles: el 12 de marzo del 2025, plantones y bloqueos de pobladores terminaron en enfrentamientos con policía estatal y Guardia Nacional, en una protesta inédita frente a la sede comunitaria de Hunucmá. Mientras tanto, los lotes siguen en venta. Lo que más duele a Shirley no es sólo la destrucción del manglar. Es el cinismo. “Ya con todos los terrenos vendidos, con humedales y manglares destruidos, con caminos cerrados por particulares, ahí vamos perdiendo esto de ‘pueblo mágico”, dice.
Los cenotes que volvieron a ser del pueblo
En septiembre del 2025 ocurrió algo que no estaba en los planes de ninguna inmobiliaria: los mayas de Dzitnup, en Valladolid, fueron a rescatar sus cenotes.
El gobierno de Ivonne Ortega había expropiado en el 2009 la finca donde están los cenotes X’kekén y Samulá. En el 2023, ya en el gobierno de Mauricio Vila, los cenotes fueron concesionados a una inmobiliaria privada que los convirtió en parque turístico con cuatrimotos, “ceremonias ancestrales con chamanes” y eventos de bodas.
Un domingo de septiembre, los habitantes de Dzitnup llegaron juntos. Sacaron a los empresarios. Tomaron las taquillas. Formaron un comité. Y con los ingresos de los turistas, techaron escuelas, instalaron baños, pusieron postes de alumbrado. “Hace 20 años el Gobierno nos lo quitó y nos dijo que el 50 por ciento de las utilidades era para Dzitnup, pero no fue así”, dice el comisario Baldomero Poot Moo.
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El conflicto no se cerró con la toma. Meses después, un automóvil intentó cerrarle el paso a la camioneta de Poot Moo en la carretera hacia Valladolid; escuchó disparos al aire. El tesorero de la comisaría fue detenido arbitrariamente por policías locales a medianoche. El abogado de Fundación Yansa que acompañó el proceso –Sergio Oceransky, quien logró una suspensión definitiva de obra del desarrollo inmobiliario más grande del estado‒ recibió en pleno viernes santo una citación judicial en Guadalajara, a mil 500 kilómetros de su domicilio, donde fue detenido y luego liberado.
Y en el 2026 la disputa subió de nivel: el Gobierno estatal planteó públicamente clausurar X’kekén y Samulá y devolver su administración al Patronato Cultur, lo que la comunidad interpretó como un intento de despojo por la vía institucional. Poot Moo defendió la gestión comunitaria frente a “años de control institucional y empresarial” en los que, según él, Cultur y los empresarios no dejaron ningún beneficio visible al pueblo. Comunidades de Ixil, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal se pronunciaron en solidaridad con Dzitnup y advirtieron que se movilizarían si el estado intentaba recuperar los cenotes por la fuerza. Defender el territorio en Yucatán tiene un costo. Y alguien lo cobra.
Ixil: la comunidad que se amparó contra el futuro que no quería
A media hora de Mérida, Ixil es un municipio de unos 4 mil habitantes donde todavía no hay tandeo de agua y la gente siembra hortalizas o produce miel. Cuando el Gobierno decretó la Zona Metropolitana de Mérida incorporando municipios rurales, Ixil estaba en la lista. Se dieron cuenta por el predial: de 500 a 5 mil pesos de un año a otro. Nadie los había consultado.
La comunidad se organizó, se acreditó como pueblo maya ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y solicitó un amparo. Lo ganaron. El 20 de febrero del 2026, el Diario Oficial del Estado publicó el decreto que excluyó formalmente a Ixil de la Zona Metropolitana de Mérida, en un cambio que dejó fuera de esa clasificación a 4 mil 343 vecinos; el municipio de Progreso ocupó el lugar que dejó Ixil. La exclusión también significa que Ixil queda fuera de programas federales de vivienda, servicios urbanos y transporte destinados a zonas metropolitanas.
Fue, dice Peregrina Cutz, del Consejo Comunitario, “un éxito por la persistencia de la comunidad en estar unida y en resistir”. Pero saben que la amenaza no terminó. “Los inversionistas siguen viendo nuestras tierras como una forma de inversión y lo intentarán hasta despojarnos”, advierte.
El 21 de marzo del 2026, Ixil marchó junto a Dzitnup, Kinchil, Molas, Santa María Chí y Sisal desde el Remate del Paseo de Montejo hasta el Palacio de Gobierno, bajo la consigna “la dignidad del pueblo maya no está en venta”, para denunciar desarrollos inmobiliarios, granjas avícolas y porcícolas, e intentos de despojo de tierras mayas. Emmanuel Chan lo resume con precisión geográfica: “Estamos a 36 kilómetros de la playa. Eso nos hace muy atractivos para las inmobiliarias. Pero nosotros queremos conservar esto como está, porque de eso depende la forma de vida de mucha gente aquí”.
El negocio que se vende por WhatsApp
Del otro lado de este conflicto hay compradores que, desde la Ciudad de México o Atizapán, invierten en terrenos que nunca han visto, guiados por videos a través de YouTube y actualizaciones de plusvalía por WhatsApp. “No se tarden porque cada vez está más caro”, dice una compradora en el video testimonial de una inmobiliaria. Habla de retiro, de Airbnb, del meteorito que cayó ahí hace millones de años. No habla de los mayas que vivían en esas tierras antes que llegara la oferta.
Las cifras respaldan la fiebre. Un análisis de más de 18 mil predios entre el 2018 y el 2024 anticipa que Mérida superará los 27 mil pesos por metro cuadrado en este 2026, mientras que localidades costeras como Progreso, Chicxulub y Telchac Puerto han duplicado el valor de sus propiedades en menos de cinco años.
En el corredor entre Progreso y Telchac, los terrenos frente al mar ya oscilan entre 1.2 y 2 millones de pesos por metro lineal, con operaciones que rondan los 15 millones de pesos por lote. El boom de Yucatán se vende como oportunidad. Para quienes lo padecen, tiene otro nombre.
