El abuso sexual infantil continúa siendo una de las formas de violencia más silenciosas y devastadoras en Yucatán. En los últimos tres años, al menos 350 denuncias por agresiones sexuales contra menores han sido registradas en la entidad, aunque especialistas advierten que la cifra real podría ser mucho mayor debido a la amplia cifra negra de casos que nunca llegan a las autoridades.
La información fue dada a conocer por la asociación Estudio 4 Alto Rendimiento, organización que además alertó sobre otro indicador preocupante: más de mil 50 niñas, niños y adolescentes viven actualmente en condiciones de orfandad o abandono familiar en el estado, una situación que incrementa su vulnerabilidad frente a distintos tipos de violencia.
Enero rompe récord de denuncias
Este panorama se agrava con el aumento de solicitudes de ayuda que reciben las instituciones públicas. El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) reportó un crecimiento en los casos de niñas y adolescentes que buscan apoyo por situaciones de violencia, principalmente agresiones de carácter sexual.
La directora del organismo, Yahayra Centeno Ceballos, informó que al cierre del 2025 el instituto brindó acompañamiento integral a alrededor de 200 menores de edad, víctimas de distintos tipos de violencia.
Sin embargo, el inicio del 2026 mostró una tendencia alarmante.
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“Tan sólo durante enero se registraron 240 nuevas denuncias de posibles casos de abuso sexual en menores, principalmente niñas y adolescentes”, señaló la funcionaria municipal.
El incremento refleja no sólo una mayor visibilización del problema, sino también la dimensión de la violencia que enfrentan menores de edad en distintos entornos, incluidos el familiar, escolar o comunitario.
Víctimas desde los primeros meses de vida
Centeno Ceballos advirtió que los expedientes que llegan al Instituto Municipal de las Mujeres revelan una realidad estremecedora: las víctimas abarcan desde bebés de apenas unos meses de nacidos hasta adolescentes de 17 años.
La atención a menores se ha convertido en una de las principales prioridades del organismo, aunque los procesos de acompañamiento suelen enfrentar varios obstáculos legales y sociales.
Entre ellos destaca la necesidad de que una persona adulta asuma la representación o tutela de la menor, condición indispensable para iniciar diversos procedimientos de protección o acompañamiento institucional.
En muchos casos esta figura recae en docentes, abuelos, familiares cercanos o tutores legales.
Cuando no hay familia que proteja
La situación se vuelve más compleja cuando las víctimas carecen de una red de apoyo familiar.
Ante estos escenarios, explicó la funcionaria, el Instituto debe solicitar la intervención de otras dependencias gubernamentales y organismos de protección infantil para garantizar la seguridad de las menores afectadas.
“Aquellos casos en los que no existe un adulto responsable requieren la participación de diversas instituciones para asegurar su protección”, puntualizó.
Procesos judiciales largos y desgastantes
Otro desafío es el tiempo que tardan los procesos judiciales.
De acuerdo con la directora del IMM, los procedimientos penales por abuso sexual infantil pueden prolongarse entre dos y tres años, e incluso extenderse más allá de una administración gubernamental.
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“Aunque el Instituto no interviene directamente en las decisiones del sistema judicial, desde el momento en que una víctima solicita apoyo queda formalmente representada en el ámbito legal”, explicó.
Mientras tanto, organizaciones civiles y especialistas advierten que la prevención, la denuncia y la atención temprana siguen siendo claves para romper el ciclo de violencia que afecta a cientos de niñas, niños y adolescentes en al entidad.
