El 9 de diciembre del 2025, doña Mirna del Socorro Barrera Vera salió de su casa en el barrio de La Ermita, en el centro de Mérida, rumbo a una cita médica. Tenía 86 años. La vieron por última vez ese mismo día caminando sobre el Periférico Poniente, cerca de la papelería Farah, con el rumbo equivocado. Desde entonces, no apareció.
El caso de doña Mirna conmovió a Mérida: fue mediático, fue buscado, fue llorado en redes sociales. Pero en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), su nombre es uno más entre los 319 yucatecos que, al 18 de febrero del 2026, permanecían sin ser encontrados. Detrás de cada número hay una casa con un cuarto vacío. Una silla que nadie ocupa en la mesa.
El oasis y su sombra
Yucatán se ha ganado una reputación difícil de rebatir: es uno de los estados más seguros de México. Las cifras nacionales de crimen organizado lo confirman, y los rankings de violencia lo excluyen consistentemente de las listas negras. Según el informe más reciente de la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Yucatán figura entre los cinco estados con menor número de desaparecidos del país. Y en el 2025 fue el único estado de la República que registró una reducción del 5% en sus casos, mientras 31 entidades aumentaban sus cifras, algunas de forma catastrófica.
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Pero los números relativos no consuelan a las familias en términos absolutos. Desde que el registro oficial comenzó a documentarse, 7 mil 11 personas han sido reportadas como desaparecidas en Yucatán, de acuerdo con la CNB. En la última década, el fenómeno cambió de forma: dejó de ser anecdótico para convertirse en una tendencia. Los casos comenzaron a escalar desde el 2007, alcanzaron su primer pico en el 2014 –el año con mayor concentración histórica en el estado– y desde el 2022 los niveles se han mantenido elevados, sin retornar a la calma de años anteriores.
Mérida: la ciudad que concentra el dolor
Dentro del estado, el mapa de las desapariciones apunta siempre al mismo lugar: Mérida. Hasta mediados del 2025, la capital concentraba 167 de los 297 casos activos en el estado –más del 56 por ciento. Le seguían Progreso, Kanasín, Tizimín, Maxcanú y Valladolid.
La urbanización, el crecimiento poblacional acelerado y la mayor concentración de servicios explican en parte esa geografía del dolor. Pero también la revelan: en una ciudad que presume de modernidad y seguridad, cientos de personas se esfuman sin que el sistema logre dar cuenta de ellas.
El perfil de las víctimas habla con claridad. Tres de cada cuatro desaparecidos son hombres: el 76.76 por ciento de los casos registrados corresponde a varones, frente al 23.23 por ciento de mujeres. Sin embargo, en las mujeres la concentración etaria es alarmante: el 40.5% de las mujeres desaparecidas tenía entre 15 y 34 años cuando se perdió su rastro. Jóvenes, en su mayoría. Y entre los menores de 18 años que integran los expedientes, más de la mitad eran niños –no niñas–, lo que sugiere dinámicas de desaparición distintas según el género y la edad.
La alerta que llega tarde
Uno de los casos que mejor ilustra las grietas del sistema es el del campechano Ángel Martín Ruedas Huchín, de 53 años. Desapareció en Progreso el 3 de octubre del 2025. La Fiscalía de Yucatán activó su ficha de búsqueda hasta el 3 de febrero de 2026: cuatro meses después.
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En ese mismo lapso, se perdieron pistas, se enfriaron testimonios, se borraron registros de cámaras. Otro caso: Alondra Giselle Coral Ku, vista por última vez en mayo de 2024 en Sucilá, en el oriente yucateco. Su búsqueda formal inició en febrero de 2026. Casi dos años de silencio institucional.
Es en ese vacío –entre el momento en que alguien desaparece y el instante en que el Estado reacciona– donde las familias quedan solas. Clara María Gutiérrez Centeno, del colectivo Madres Buscadoras de Yucatán, ha documentado ese abandono. Muchas familias no saben a qué dependencia acudir y terminan haciendo la investigación por su cuenta, sin resultados, señalan desde organizaciones civiles que llevan años monitoreando el fenómeno.
El nuevo Protocolo Nacional para la Activación de Alerta de Búsqueda, publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero del 2026, busca obligar a municipios, estados, federación e incluso empresas y medios de comunicación a actuar de forma coordinada. Es un avance en papel. Las familias esperan que sea también un avance en la calle.
El número que no cierra
En el contexto nacional, Yucatán convive con una realidad que sacude: México reporta al menos 131 mil 867 personas desaparecidas y no localizadas en toda su historia registrada. En el 2025, esa cifra creció un 12 por ciento –el doble de la tasa del año anterior–. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León concentran casi la mitad de todos los casos del país. Yucatán no figura en ese grupo, y eso importa. Pero también importa lo que sí figura: que en el 2022 sus niveles retomaron la intensidad del 2014 y no han bajado del todo.
En el 2024 se registraron en el estado 308 casos nuevos de personas desaparecidas. En 2023 habían sido 342. La tendencia a la baja es real, pero frágil. Y hay un dato que ninguna estadística puede suavizar: que la cifra disminuya no significa que las personas hayan sido encontradas.
Muchos expedientes siguen abiertos. Las organizaciones civiles lo advierten con insistencia: una reducción en el reporte no es lo mismo que una reducción en el dolor.
Doña Mirna tenía 86 años cuando desapareció en diciembre. El 7 de enero de 2026 cumplió 87, en algún lugar que su familia no conoce. La Comisión Nacional de Búsqueda aún la registra como no localizada.
En Yucatán, el número que no cierra tiene rostro de abuela, de joven de 25 años, de niño de 12. Tiene una silla vacía en cada municipio del estado. Y tiene, todavía, la urgencia de ser contado.
