En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, la espera por la justicia es una constante para una parte significativa de la población penitenciaria.
De acuerdo con su director, Antonio Manuel González Zetina, alrededor del 50 por ciento de los internos se encuentra en prisión preventiva oficiosa, es decir, sin haber recibido una sentencia definitiva.
La población es supervisada por un equipo de custodios y personal administrativo que trabaja en coordinación con fuerzas estatales y federales para mantener la seguridad y el orden dentro del penal.
Además de su función de seguridad, el centro penitenciario implementa programas educativos, culturales, deportivos y laborales como parte de sus estrategias de reinserción social.
Actualmente, el penal alberga a más de mil 600 personas, de las cuales cerca de 70 son mujeres y el resto hombres. Sin embargo, el dato más relevante es que aproximadamente 800 internos permanecen en el centro a la espera de que un juez determine su situación jurídica, bajo el principio de presunción de inocencia.
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“Tenemos como 800 internos que no han sido sentenciados, pero aquí están”, señaló el funcionario, al explicar que estas personas enfrentan procesos judiciales en curso, cuyo desenlace depende de la valoración de pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la resolución final del Poder Judicial.
Una medida controvertida
La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que implica el encarcelamiento automático de una persona acusada de ciertos delitos considerados graves, mientras se desarrolla su proceso.
En México, este mecanismo ha sido objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional, debido a su impacto en el derecho a la presunción de inocencia.
Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diversas instancias internacionales han señalado que su uso extendido puede derivar en la saturación de los centros penitenciarios, así como en la permanencia prolongada de personas que aún no han sido declaradas culpables (o inocentes).
En el caso de Yucatán, este fenómeno se refleja directamente en el Cereso de Mérida, donde la mitad de la población enfrenta un proceso que puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de la complejidad del caso y la carga del sistema judicial.
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Entre la espera y la incertidumbre
Para quienes se encuentran bajo esta medida, el tiempo en reclusión transcurre en un estado de incertidumbre legal.
La transición de “imputado” a “sentenciado” depende de que las pruebas presentadas por la Fiscalía sean consideradas suficientes por un juez, quien finalmente determinará la culpabilidad o inocencia.
Mientras tanto, estas personas permanecen internas en el penal bajo las mismas condiciones que quienes ya han sido condenados, lo que plantea desafíos en materia de derechos humanos, reinserción social y el acceso a la justicia pronta.
