Las comunidades mayas de Pisté, en Chichén Itzá, y Telchaquillo, en Tecoh, exigieron a las autoridades estatales y federales, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Patronato Cultur que atiendan sus demandas sobre la administración de las zonas arqueológicas.
Ambos grupos denunciaron falta de diálogo y decisiones institucionales que, aseguran, afectan sus derechos territoriales, su participación en la gestión del patrimonio y sus actividades económicas.
Juan Pablo Euán, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté, informó que continúan los recursos legales para recuperar el antiguo parador turístico de Chichén Itzá. Según denunció, el inmueble fue ocupado por la Secretaría de Seguridad Pública para instalar una base permanente desde agosto pasado, situación que consideran una afectación al uso comunitario del espacio.
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Los representantes mayas también señalaron consecuencias económicas y sociales derivadas de la operación del Centro de Atención a Visitantes (Catvi), que modificó el acceso tradicional a la zona arqueológica. Entre los sectores afectados mencionaron a artesanos, taxistas, mototaxistas, comerciantes y guías turísticos, cuyas ventas e ingresos disminuyeron.
De acuerdo con el colectivo, esta situación ha contribuido a casos de deserción escolar y a la migración de habitantes hacia centros urbanos en busca de empleo.
A las afectaciones económicas se suman, indicaron, problemas para los visitantes debido a los recorridos más extensos dentro del sitio arqueológico.
Comunidad relegada
Los representantes comunitarios advirtieron sobre casos de golpes de calor, caídas y lesiones durante las visitas. También cuestionaron que las decisiones institucionales prioricen la conservación de los monumentos y el aprovechamiento turístico sin garantizar, desde su perspectiva, la participación de la población maya que habita en la región.
Euán sostuvo que la comunidad no pretende frenar el turismo, sino intervenir en las decisiones sobre el patrimonio y recuperar el antiguo parador, además de solicitar el retiro de la base policial.
El representante calificó la exclusión de los pueblos originarios como una expresión de racismo estructural y afirmó que los habitantes de Pisté buscan que se reconozca su papel en la conservación de Chichén Itzá y sus derechos sobre el territorio.
En Telchaquillo, el conflicto se centra en las tierras donde se encuentra la zona arqueológica de Mayapán. Filiberto Martín Uc, presidente del Comisariado Ejidal, denunció que el INAH pretende expropiar terrenos pese a la oposición de la comunidad.
Explicó que, aunque los vestigios son considerados patrimonio nacional bajo la legislación de 1972, los ejidatarios reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales y su participación en la administración del sitio.
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El representante informó que el juicio agrario continúa en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, en etapa de pruebas. Recordó que en diciembre de 2025 la comunidad obtuvo un amparo que ordenó al INAH no firmar el convenio de ocupación ni efectuar el pago correspondiente, además de instruir al Registro Agrario Nacional a no inscribir las actas impugnadas. Sin embargo, los ejidatarios sostienen que la expropiación no ha quedado suspendida y denunciaron que las mesas de diálogo permanecen interrumpidas desde el 5 de junio, sin explicación de las autoridades.
El abogado Álvaro Mena, asesor jurídico de ambas comunidades, señaló que los conflictos reflejan las limitaciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 para garantizar la participación indígena en las decisiones sobre su patrimonio.
Planteó armonizar esa legislación con el artículo segundo constitucional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las comunidades piden reanudar las negociaciones, formalizar acuerdos de coadministración y reconocer su derecho a intervenir en la protección y gestión de estos espacios, mientras Mayapán permanece cerrado al público desde finales de 2023.
