La empresa Lavandería y Tintorería de la Península, S.A. de C.V., con sede en Mérida, fue exhibida y castigada por el Gobierno federal, luego de comprobarse que utilizó documentación falsa para intentar asegurar un contrato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un caso que puso en evidencia prácticas irregulares dentro de los procesos de licitación pública.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control del IMSS resolvió imponer una multa de más de 643 mil pesos, además de inhabilitar por un año a Lavandería y Tintorería de la Península, S.A. de C.V., dejándola fuera de cualquier posibilidad de contratar con instancias gubernamentales.
Concurso nacional
La sanción deriva de su participación en un concurso nacional para adjudicar el servicio integral de manejo de ropa hospitalaria en el 2024, una actividad clave que incluye desde la recolección y traslado hasta el lavado y entrega de textiles en unidades médicas.
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Durante la revisión del proceso, las autoridades detectaron que la empresa presentó una constancia ambiental que no era auténtica. Se trata de un documento indispensable para acreditar que cumple con los requisitos técnicos y normativos exigidos en este tipo de contrataciones.
El caso no sólo derivó en la sanción económica en contra de la empresa, sino en su incorporación al padrón de proveedores vetados, lo que implica que ninguna dependencia —federal, estatal o municipal— podrá aceptar propuestas ni celebrar contratos con la compañía, incluso si intenta participar a través de intermediarios.
Notificación
La resolución fue notificada a principios de marzo y formalizada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con efectos inmediatos a partir del día siguiente. La inhabilitación se mantendrá a lo largo de año, aunque la sanción podría extenderse por tiempo no especificado si la empresa no cubre la multa impuesta.
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Pese a la gravedad de la irregularidad, las autoridades precisaron que los contratos ya firmados y en ejecución no serán cancelados, lo que deja abierta la discusión sobre los alcances reales de las sanciones en estos casos.
Este episodio se suma a otros antecedentes recientes de proveedores sancionados por inconsistencias en procesos de contratación, en un entorno donde la vigilancia institucional intenta contener prácticas que ponen en riesgo la transparencia y el uso adecuado de recursos públicos.
