Lo que debía ser una víspera de festejos navideños se transformó en un escenario de caos, enojo y tensión en la comisaría de la hacienda San Diego Tixcacal, luego que pobladores descubrieron un presunto esquema de fraude relacionado con la venta de canastas navideñas, que afectó la economía de decenas de familias. El monto del fraude superó los 400 mil pesos.
La crisis estalló cuando, tras semanas de espera, las personas afectadas se percataron de que el producto por el que habían pagado nunca sería entregado. De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el monto de lo defraudado superaría los 400 mil pesos, una cifra considerable para la comunidad.
El enojo escaló rápidamente de los reclamos verbales a la confrontación física cuando un grupo de afectados localizó al presunto responsable. En cuestión de minutos, cientos de personas se congregaron con la intención de hacer justicia por propia mano, rodeando al individuo y amenazando con lincharlo ante la falta de respuestas claras sobre el destino del dinero.
Ante el reporte de un posible linchamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo preventivo en la zona. Decenas de elementos estatales arribaron al sitio, establecieron un cerco perimetral y lograron extraer al sospechoso de entre la muchedumbre antes de que fuera agredido.
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Inviertieron sus ahorros
A pesar de la presencia policiaca, el ambiente permaneció hostil durante varias horas. Los inconformes, apostados en las principales calles de la comisaría, exigían la devolución inmediata de su dinero, señalaban que muchos utilizaron sus ahorros de todo el año o incluso sus aguinaldos para pagar la canasta navideña, cuyo costo ascendía a cinco mil pesos, entregados en pagos semanales.
De acuerdo con los afectados, el dinero fue entregado a un sujeto identificado con las iniciales L.Q., quien los citó en la hacienda, pero al momento de la entrega del producto ofreció evasivas.
Se calcula que más de 80 personas resultaron afectadas por este presunto fraude. El señalado quedó bajo resguardo de las autoridades policiacas para su protección y posterior puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el debido proceso.
En tanto, los pobladores comenzaron a acudir en grupos para interponer las denuncias penales correspondientes y exigir que se haga justicia.