El acceso al agua potable es indispensable para el bienestar de la población. No obstante, en el municipio de Campeche más de 35 mil propietarios de viviendas y/o comercios no pagan por este servicio, lo que equivale al 41 por ciento del padrón de usuarios del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) que, de acuerdo con el Periódico Oficial del Estado (POE), reporta un rezago de 154 millones 300 mil 617.32 pesos.
Según el documento oficial, el organismo descentralizado de la administración pública municipal registra este déficit ‘por Servicios de Agua Potable’ de los últimos cinco años, es decir, del 2021 al 2025.
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Fernando Eduardo Quijano Palomo, director general del SMAPAC, informó que desde octubre se puso en marcha una campaña de condonación del 100 por ciento de recargos de adeudos de años anteriores, como parte de una estrategia para incentivar la regularización de usuarios y disminuir la morosidad. Detalló que, gracias a estas acciones, la recaudación ha alcanzado hasta el 59 por ciento del padrón, lo que representa ingresos anuales superiores a los 90 millones de pesos.
Sin embargo, el funcionario reconoció que el 41 por ciento restante equivale a alrededor de 35 mil usuarios que no cumplen con el pago del servicio, lo que impacta directamente en las finanzas del organismo. Explicó que una parte importante de este rezago se debe a viviendas deshabitadas cuyos propietarios no han realizado los trámites de baja temporal o definitiva, lo que mantiene activos contratos que ya no generan consumo real.
Por tal razón, señaló que el SMAPAC ha apoyado a más de 10 mil usuarios para regularizar su situación, aunque admitió que no se cuenta con una cifra exacta del monto total que se deja de percibir, debido a la variación de tarifas según el tipo de usuario.
A este escenario se suman los señalamientos por presuntos desvíos de recursos ocurridos durante la gestión de Juan Carlos Lavalle Pinzón al frente del SMAPAC, etapa en la que se habrían detectado irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública, pagos a empresas sin capacidad técnica comprobable, facturación de trabajos no ejecutados, sobreprecios en proyectos de infraestructura hidráulica y la falta de comprobación de millones de pesos destinados a la rehabilitación y ampliación de la red de agua potable y alcantarillado, situación que derivó en observaciones de instancias fiscalizadoras.
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JY
