Los diputados locales aprobaron por unanimidad reformar el Código Penal del Estado para endurecer las penas por feminicidio, de tal forma que quien cometa este delito pasará hasta 70 años en prisión, y si la persona que comete el ilícito es funcionario o se priva de la vida a una mujer en situación vulnerable, la sentencia será aún más severa.
Durante la cuarta sesión ordinaria del recinto legislativo que se llevó a cabo ayer, los 31 integrantes de la LXV Legislatura avalaron la reforma al Artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche que, ahora, establece que quien cometa el delito de feminicidio le será impuesta una pena que va de 45 a 70 años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
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Además, la sanción aumentará hasta en un tercio cuando la víctima de feminicidio sea una menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de su condición laboral.
“Al establecer criterios claros y homogéneos se facilita la comprensión del delito, su investigación y su sanción. Además, al establecer un marco legal claro y contundente contra el feminicidio, se envía un mensaje fuerte a la sociedad sobre la intolerancia hacia este tipo de violencia”, señala la exposición de motivos.
En los últimos cinco años que comprenden del 2021 a marzo de este 2025 en Campeche fueron iniciadas 39 carpetas de investigación relacionadas con feminicidios en los 13 municipios del Estado, con información obtenida en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Cuatro feminicidios
En lo que va del año se han cometido al menos cuatro feminicidios en Campeche: dos en febrero, uno en marzo y uno en abril. Dos fueron cometidos con armas blancas, uno con arma de fuego, y otra víctima fue estrangulada por su pareja.
Según datos periodísticos documentados, el primero de estos hechos ocurrió el pasado 17 de febrero en la comunidad de Tikinmul perteneciente al municipio de Campeche, la víctima fue una adulta mayor de 68 años, identificada como Fermina C.C., quien fue apuñalada por un sujeto al enterarse de que la mujer tenía dinero por la renta de 20 hectáreas de tierras; los pobladores querían lincharlo, y su misma familia lo entregó a la policía.
El segundo hecho ocurrió en la localidad de Moquel, Champotón, donde una mujer identificada como C.E.P. de 58 años fue ejecutada con una escopeta por su propio sobrino, debido a un conflicto por tierras familiares; en el ataque, el agresor también le quitó la vida a un hombre.
El tres de marzo, en el fraccionamiento Villas de San José, en Ciudad del Carmen, Elizabeth M., una mujer reportada como desaparecida y que era buscada por sus familiares, fue hallada sin vida al interior de su domicilio, cubierta con ropa sucia y bolsas negras. Su expareja sentimental confesó haberla estrangulado luego de una discusión, y ocultó el cuerpo mientras planeaba cómo deshacerse de él.
Y finalmente, el 24 de abril, en el municipio de Candelaria, una mujer identificada como Marilú R.M., de unos 50 años, fue atacada salvajemente por su expareja, quien huyó tras herirla de muerte con un arma blanca. La víctima estaba en la cocina del restaurante-bar donde trabajaba cuando llegó su agresor; ambos empezaron a discutir acaloradamente hasta que el hombre sacó el arma blanca y la apuñaló causándole la muerte.
JY
