En tanto, la Comisión de Educación del Congreso del Estado celebró la separación del cargo del docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche (Cobacam), Plantel Lerma, señalado por incurrir en el acoso de una estudiante, y exigió que se investigue y, de ser necesario, se sancione al maestro en cuestión. Especialistas en derecho manifestaron que la Dirección del Cobacam estaría incurriendo en “obstrucción de la justicia”, dado que faltaron al “Artículo 222; deber de denunciar” del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ante la manifestación que iniciaron feministas y familiares de una estudiante del Cobacam Plantel Lerma a las afueras de la institución escolar contra una persona identificada como “El Químico”, quien responde a las iniciales J.A.C.E., y que presuntamente ha mantenido conversaciones desde 2023 hasta octubre de 2024 con una menor, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Gaspar Nah Mis, reiteró que todas las escuelas deben tener como prioridad garantizar la seguridad de todos los estudiantes en el estado, independientemente del nivel educativo, por lo que no deben tolerar de ninguna manera acto indebido alguno.
Expuso que, por el bien de los alumnos, el docente debe ser separado de su cargo definitivamente, ya que de continuar con su encargo podría comprometer la seguridad de los estudiantes que alzaron la voz ante los incidentes de acoso que vivieron. Por ello, destacó que deben emprenderse todas las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
Por su parte, especialistas en derecho expresaron que la dirección del Plantel Lerma del Cobacam estaría incurriendo en “obstrucción de la justicia”, ya que la falta está estipulada en el “Código Nacional de Procedimientos Penales”, específicamente en el “Artículo 222”, ubicado en el Capítulo II, correspondiente al término de “Deber de denunciar”.
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Ante Por Esto!, explicaron que el artículo dicta a la letra: “Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier agente de la Policía”.
Las especialistas recordaron que este tipo de situaciones son clasificadas como “delitos en agravio de mujeres en perspectiva de género”. Destacaron que los padres de familia de la menor también debieron haber presentado una solicitud de atención y asesoramiento respecto al presunto acoso sexual al momento de enterarse del presunto delito.
JGH
