Expolicías de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del Estado, despedidos luego del operativo realizado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén en marzo de 2024, solicitaron la intervención de las y los diputados del Congreso Local para atender diversas irregularidades que persisten a casi dos años de los hechos.
Mediante un oficio fechado el 17 de marzo del presente año, suscrito por los exelementos —entre ellos Guadalupe Morán López y Rodolfo Benjamín Uc—, los inconformes comparecieron ante el Poder Legislativo para exponer demandas relacionadas con su despido, la falta de pagos y la lentitud en investigaciones administrativas y judiciales. En el documento, los expolicías señalan que fueron dados de baja de manera injustificada tras su participación en el fallido operativo en el penal de Kobén, por lo que pidieron a los legisladores su intervención directa para esclarecer y destrabar los procesos pendientes.
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Entre sus principales exigencias destaca la aclaración del destino de 192 millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos del Estado 2025, recursos que —según el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla— estarían destinados a la liquidación de los elementos cesados desde abril de 2024. Asimismo, demandaron la agilización de las investigaciones a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, bajo el expediente SCDGIA00030/24, y atención a la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, identificada con el número CI0552024FSCCAM.
Otra petición se centra en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, respecto a la queja 295Q-0562024, interpuesta tras el operativo en Kobén, cuestionando que el Gobierno Estatal no haya acatado la medida cautelar emitida el 21 de marzo de 2024. De igual forma, denunciaron desatención en carpetas de investigación del Tribunal de Justicia Administrativa, así como irregularidades en procesos penales, entre ellos la orden de aprehensión contra el expolicía José Alejandro Grajales Chab, la cual —aseguran— se emitió violentando el debido proceso.
Los firmantes enfatizaron que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, establecido en el artículo 20 constitucional, además de señalar afectaciones legales, administrativas y psicológicas derivadas de su situación. Fundamentaron su solicitud en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho de petición, por lo que urgieron al Congreso local a intervenir para dar solución a sus demandas.
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