Por fin, después de ocho años de juicio, de gastar alrededor de 100 mil pesos en abogados y afrontar problemas económicos, la familia de Rony Pastor Hernández Pérez recuperó un predio ocupado por invasores en la colonia Minas.
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Los gastos todavía se ampliaron más, pues, pese a que el Juez de lo Civil tardó años en darles la razón con base en la ley, tuvieron que pagar los servicios de un cerrajero, el alquiler de tres camionetas y una bodega para garantizar el resguardo de las pertenencias de los denunciados por la presunta invasión del predio.
Según vecinos, los ocupantes eran personas problemáticas que criaron cerdos en dicha zona urbana, lo que generó quejas y hasta denuncias de otros habitantes. El predio se encuentra en la calle Halita, en su intersección con La Plata, en los límites de la colonia Luis Donaldo Colosio.
“Han pasado ocho años desde que dicho predio se compró por la vía legal. Contamos con las escrituras y se cumplen los pagos del predial, el cual está a nombre de mi padre, quien hace unos meses quedó parapléjico y ahora tenemos la necesidad de venderlo para cuidarlo, porque necesitamos comprarle aparatos, como silla de ruedas, entre otras cosas”, manifestó Rony Hernández.
Según los afectados, los invasores tuvieron la oportunidad de trasladarse a otro terreno que poseían, pero decidieron venderlo, convencidos de permanecer en el predio ocupado y confiados en que nunca serían desalojados. Incluso, uno de los ocupantes habría amenazado con agredir a los denunciantes con un machete.
El tiempo pasó y, finalmente, la ley les dio la razón a los denunciantes. Ayer, alrededor de la una de la tarde, actuarios del Poder Judicial, apoyados por agentes de la Policía Estatal y Mujer Valiente, se presentaron para ejecutar el desalojo de los ocupantes, quienes, tras las amenazas y luego de perder la batalla legal, no tuvieron más remedio que retirarse.
También se trata de un predio con historia, pues entre sus anteriores propietarios estuvo un joven que, hace más de 10 años, permaneció encarcelado en el Centro de Reinserción Social del poblado San Francisco Kobén, acusado de privar de la libertad y violar a una vecina.
Ahora, los dueños que recuperaron el predio piden a los diputados modificar la ley para favorecer a los propietarios de terrenos invadidos, de manera que puedan recuperar sus bienes con mayor rapidez, sin tener que esperar por justicia durante más de ocho años, como ocurrió en este caso, o incluso más de una década en otros, donde las víctimas no pueden hacer uso de sus propiedades ilegalmente ocupadas.
