El 20 de diciembre es la fecha límite establecida por la Ley Federal del Trabajo para que las y los trabajadores reciban el pago del aguinaldo, una prestación anual obligatoria que los patrones deben cumplir sin excepción. Y aunque la ley protege al trabajador, la realidad económica es distinta, ya que muchos temen represalias o despidos, especialmente en un contexto de crisis y cuando existen sindicatos que no defienden realmente los intereses laborales, lo que genera un ambiente de desprotección.
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Señaló lo anterior el abogado litigante Manuel de Atocha Novelo Chávez, quien explicó que no existe un “procedimiento para pagar el aguinaldo”, sino una obligación legal directa, y que en caso de incumplimiento el trabajador puede acudir, a partir del 21 de diciembre, ante la autoridad laboral para solicitar el pago correspondiente. El primer paso es acudir al Centro de Conciliación Laboral (CENCOLAB) donde se cita al patrón para buscar un acuerdo.
En caso de que el patrón no cumpla tras la conciliación, el trabajador puede proceder legalmente ante los juzgados laborales, lo que además del pago del aguinaldo puede derivar en la imposición de multas, calculadas en función del monto adeudado.
El abogado señaló que, cuando los trabajadores están sindicalizados, incluso pueden emplazar a huelga para exigir el cumplimiento de esta prestación y el pago de retroactivos, aunque reconoció que en la práctica son pocos los casos en los que los empleados se animan a iniciar un procedimiento.
Y es que, a decir del litigante, aunque la ley protege al trabajador, en la práctica se maneja otra cosa, puesto que la realidad económica actual hace que la situación sea distinta, ya que muchos temen represalias o despidos, especialmente en un contexto de crisis y cuando existen sindicatos “charros” que no defienden realmente los intereses laborales, lo que genera un ambiente de desprotección.
Novelo Chávez afirmó que sí existen casos reales en los que los patrones han sido obligados a pagar y sancionados por incumplir. Precisó que, en el caso del aguinaldo, el trabajador tiene hasta un año para reclamar el pago a partir de la fecha en que se generó la obligación, ya que después de ese plazo el derecho prescribe, aunque el adeudo haya existido.
Finalmente, recomendó privilegiar la conciliación entre patrones y trabajadores, al considerar que los procesos legales largos afectan a ambas partes, y subrayó que la falta de resolución eficiente por parte de las autoridades laborales sigue siendo un problema, pese a la transición de juntas laborales a juzgados.
JGH
