Sin clases por tercer día en kínder de Ciudad del Carmen tras polémico video y sanción del personal

Aunque ya no son los padres de familia los que mantienen tomadas las instalaciones del jardín de niños Esther Rodríguez Meza, este martes se cumplió el tercer día sin que haya clases en el plantel educativo, pues tras la determinación de la Secretaría de Educación en Campeche (SEDUC) de sancionar a su personal, se quedaron sin intendente, quien no solo se encarga de limpiar las instalaciones, sino también de abrir y cerrar la escuela de lunes a viernes.

Fue el pasado cuatro de junio, cuando se registró un escándalo en dicho jardín de niños, cuando padres de familia exigían la reinstalación de la directora, secretaria y una intendente, bajo el argumento de que no había motivos para que hayan sido cambiadas de plantel; más tarde se supo que la medida obedecía a una denuncia anónima acompañada de un video donde se les observaba ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del plantel, en un hecho ocurrido hace más de un año.

La inconformidad de los paterfamilias y disputa entre la supervisión escolar 027 y la SEDUC, quien emitió un comunicado considerando como inmorales sus acciones, ha mantenido desde la semana pasada a los estudiantes sin actividad; si bien el viernes fue porque madres y padres decidieron tomar las instalaciones en exigencia de la reinstalación del personal, desde el pasado lunes fue por falta de intendente.

Este martes, de nueva cuenta, las y los menores no tuvieron actividad educativa porque la SEDUC sigue sin asignar un intendente, así como un director o directora que se haga cargo del plantel; por tanto, ninguna de las maestras frente a grupo ha aceptado hacerse cargo de las llaves, entonces, no existe alguien autorizado para ello, pero aunque hubiese la máxima autoridad, el no haber quien limpie baños, oficinas y aulas, tampoco pueden dar servicio.

De acuerdo con la más reciente información proporcionada por la supervisora de educación preescolar de la zona 027, Aurora Ceh Reina, cambios en la determinación del área jurídica en contra de las tres mujeres no existirán, por lo que queda sin efecto la petición de los padres; en tanto, urgió a la autoridad competente a determinar con celeridad al nuevo personal –intendente y director o directora– para que eviten seguir con la suspensión de actividad, puesto que se está en el cierre del tercer trimestre como antesala para la conclusión del ciclo escolar 2024-2025.

De los padres de familia que se inconformaron desde el primer momento del cambio del personal, se desconoce si seguirán en la misma postura de exigir a la SEDUC que considere a las actuales maestras y de mayor antigüedad en la institución, como las mejores candidatas a realizar el relevo a la dirección; independientemente, de que ellos mismos respaldan la supuesta remoción de otro de los intendentes que acusan de faltista y grosero.

Según la versión de la supervisora, la medida sancionatoria con el traslado forzoso de las implicadas a otros municipios del estado se activó en tan solo 15 días sin investigación interna, ni respeto al procedimiento administrativo, lo que ha generado una ola de inconformidad y acusaciones de injusticia laboral.

“No justifico la acción, fue una falta, sí, pero no se siguió el debido proceso. La Secretaría no vino a investigar, no hubo citatorios previos, ni exhortos. Simplemente actuaron con un acta circunstanciada que yo no firmé ni autoricé. Se brincaron todos los pasos”, sostuvo.

Cuestionada sobre el origen del video, relató que tras lo difundido en redes, donde incluso ella misma estaba conmocionada pues desconocía cuál era el motivo del cese de las tres trabajadoras, se dedicó a realizar la investigación que la SEDUC no hizo, por lo que supo que los hechos que se muestran en el clip ocurrieron el 22 de marzo de 2024, después de un desfile escolar en el malecón costero. Las implicadas —la directora, la secretaria y una intendente— regresaron al plantel a guardar los materiales del evento cuando una mujer que había sido contratada por los padres de familia para cuidar los baños y después despedida por falta de presupuesto, llegó con un six y las invitó a tomar una cerveza.

Pese a negarse inicialmente, accedieron, momento en el cual fueron grabadas. Ellas sabían que la acción estaba mal, pues se trataba de instalaciones educativas, por lo que, en la indagatoria con el personal, salió a la luz que la molestia de la ex trabajadora externa pasó un año para que cobrara venganza.

“Fue un cuatro, porque casualmente después de que se armó el escándalo, el video circuló en redes sociales y con un texto donde mezclan cuestiones políticas, donde me involucran por ser tía de la secretaria, pero no voy a proteger a nadie, solo que no estoy de acuerdo en las formas. Ese video fue divulgado por la misma mujer, en represalia por haber sido retirada del plantel por falta de recursos económicos para seguir pagándole”, dijo.

El castigo que debió ser impuesto es la suspensión laboral y de sueldo por ocho días, sin embargo, a decir de la supervisora, es una falta terrible que siendo una autoridad educativa no realizaran una investigación y dieron por hecho una carta anónima, sancionando además con el traslado de las trabajadoras fuera de Ciudad del Carmen, separándolas de sus hogares y familias. La directora fue enviada a Champotón, otra trabajadora a Sabancuy, y la intendente a un ejido en Escárcega.

“Estas compañeras ya tenían organizada su vida aquí. Una de ellas cuida a su madre enferma. Este cambio no solo es laboral, es un castigo personal que afecta la estabilidad de sus familias”, reclamó la supervisora.

Ceh Reina reveló que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado bajo los lineamientos de la Ley Olimpia, que protege los derechos de las mujeres frente a la difusión no consentida de imágenes privadas. También se planea una demanda civil por daño moral, esta querella fue presentada por las tres afectadas, mientras que ella, en su carácter de supervisora, no descarta emprender acciones legales en su defensa, ya que se le ha señalado de encubrir o “alcahuetear” al personal implicado, algo que no hará.

“Yo no estoy protegiendo a nadie. Una de ellas es mi sobrina, sí, pero tiene una plaza federal otorgada en otra administración. Lo que defiendo es el debido proceso y la integridad institucional. La escuela funciona bien, los padres están satisfechos, y no se puede destruir eso por chismes o venganzas personales”, explicó.

La supervisora también señaló directamente a la jefa de departamento Gretty Aguilar Camejo por actuar sin respetar las jerarquías educativas. “Me han rebasado como autoridad inmediata del plantel. Me excluyeron del proceso, tomaron decisiones por encima de mí, y ahora incluso me acusan de obstruir justicia. Me enteré de que hasta me están señalando de haber participado en un supuesto ‘secuestro’ por un candado puesto por padres molestos en la reja del jardín, lo cual es completamente falso”, declaró.

Lamentó que el caso haya tomado tintes políticos, especialmente por la rapidez con la que se ejecutaron los movimientos de personal y por la desproporcionada atención mediática que recibió el video tras su difusión. “Esto explotó en redes, llegó hasta medios internacionales, y todo en cuestión de horas. Fue un bombardeo armado. No es casualidad”, expresó.

La supervisora concluyó reiterando que no se niega la falta cometida, pero denunció la forma en que se ejecutaron las sanciones, el trato diferencial frente a otros casos similares, y la falta de garantías para el personal educativo ante acusaciones sin fundamento ni procedimiento.

“Estoy preocupada, no solo por este caso, sino porque hay otros planteles con situaciones graves que no se atienden. Aquí, en cambio, bastó un video viejo y un anónimo para arruinarle la vida a tres mujeres. No es justo. No podemos seguir permitiendo decisiones arbitrarias ni linchamientos sin investigar”, sentenció.

JGH