La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es la única autoridad facultada para realizar actos de molestia en la zona federal marítimo-terrestre, y que cualquier retiro de estructuras se realiza únicamente tras un procedimiento administrativo sancionatorio, que puede derivar en medidas correctivas o incluso en denuncias penales con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó, la encargada de la Oficina de Representación de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la PROFEPA en Campeche, Gisselle Georgina Guerrero García.
Ante lo cuestionable que se ha convertido la acción del Ayuntamiento de Carmen por el retiro de negocios en la zona federal marítimo-terrestre en el Malecón Costero y recientemente en la colonia Guanal, la funcionaria refirió que en todo el municipio de Carmen incluyendo los terrenos costeros entre el kilómetro 30 y 35 de la carretera federal 186 tramo Carmen-Isla Aguada se mantienen activos los procedimientos administrativos y sancionatorios contra la invasión de espacios, así como en áreas naturales protegidas.
Incluso dijo que recientemente se clausuró una empresa por incumplir las disposiciones ambientales, y enfatizó que estos procedimientos no son nuevos, sino parte de las acciones permanentes de la dependencia.
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Sin embargo, a pregunta expresa de que si el Gobierno Municipal está facultado para realizar desalojos de la Zona Federal Marítima, es la única autoridad facultada para actos de molestia y de cualquier retiro de estructuras, ya que esta medida es la conclusión justamente de algún procedimiento administrativo, cuya medida es sancionatoria e incluso mencionó que este 2025, como PROFEPA Campeche no han ejecutado ni uno solo.
Respecto a los terrenos a orilla de carretera donde particulares privatizaron las playas, mencionó que estos casos están en tribunales, puesto que no solo se trata de procedimientos impuestos por la PROFEPA, sino también por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), ya que, casualmente las personas cuentan con escrituras públicas, debidamente registradas.
Guerrero García mencionó además que los delitos en mari ambiental requieren la colaboración de todos por ello, destacó la importancia de la participación ciudadana, anunciando que se instalaron seis nuevos comités de vigilancia participativa en el municipio de Carmen y se rehabilitaron siete más, todos acreditados oficialmente por la PROFEPA.
Estos comités no realizan inspecciones directas, pero sí pueden recepcionar denuncias y canalizarlas a las autoridades competentes. Finalmente, Guerrero García invitó a los ciudadanos interesados en colaborar con la PROFEPA a acercarse a la Oficina de Representación en Campeche o a la delegación de la Semarnat. Los requisitos para integrarse a los comités son mínimos, aunque se solicita no contar con antecedentes penales ni sanciones administrativas.