Las recientes modificaciones al Código Fiscal y disposiciones vinculadas al sistema financiero en México podrían afectar los derechos constitucionales de los contribuyentes, consideró el presidente de Contraloría Ciudadana A.C., Javier Bello Ávila. Al sostener que estas reformas podrían permitir a autoridades fiscales y de inteligencia financiera actuar sin la intervención previa de un juez, lo que representaría una vulneración al Artículo 16 de la Constitución Mexicana, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o posesiones sin una orden debidamente fundada y motivada por una autoridad competente.
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Recordó que la modificación propuesta al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, respecto a las formas y el orden de prelación para garantizar el interés fiscal, permitirá que los contribuyentes que soliciten la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución —mientras impugnan un crédito fiscal vía recurso de revocación o juicio de nulidad— puedan elegir la modalidad de garantía que mejor se ajuste a su situación patrimonial. Esta elección podrá realizarse sin la obligación de acreditar documentalmente la capacidad económica ni la imposibilidad de garantizar mediante las modalidades previas conforme a un orden de prelación.
No obstante, señaló que estas modificaciones no eliminan la preferencia del fisco federal para el cobro de créditos fiscales, tal como se establece en el artículo 151 del CFF (embargo de bienes, de negociaciones, etc.), ni tampoco la dispensa de garantizar el crédito fiscal en aquellos asuntos que se controviertan en instancia administrativa a través del recurso de revocación.
En su posicionamiento, explicó que anteriormente el procedimiento fiscal contemplaba notificaciones formales y plazos para que los contribuyentes regularizaran su situación. Sin embargo, advirtió que con los cambios recientes podrían darse acciones más inmediatas como aseguramientos, embargos o incluso el congelamiento de cuentas bancarias bajo sospecha de irregularidades financieras, lo que dejaría a las personas en estado de indefensión mientras intentan comprobar su inocencia.
Asimismo, expresó preocupación por el papel de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al considerar que podría ampliarse su margen de actuación en la supervisión y bloqueo de recursos económicos, lo que impactaría tanto a ciudadanos como a empresarios. Por último, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y exigir claridad sobre el alcance de estas reformas para garantizar el respeto al Estado de Derecho en el país.
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JGH
