La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó los alcances del llamado “Plan B” en materia electoral, luego de que la reforma enviada por su gobierno a la Cámara de Diputados no obtuviera la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
Durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la iniciativa original buscaba reducir el gasto público destinado a partidos políticos e instituciones electorales, así como eliminar lo que considera privilegios dentro de estos organismos.
Sheinbaum señaló que, aunque la propuesta no prosperó en el Congreso, el objetivo de su administración se mantiene: disminuir los recursos destinados a estructuras políticas y redirigirlos a programas sociales, infraestructura y servicios públicos.
Sheinbaum defiende reforma electoral y acusa defensa de privilegios
La presidenta afirmó que la reforma presentada respondía a una demanda social para reducir el financiamiento público a partidos políticos y limitar los altos salarios en organismos electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
Según la mandataria, muchas personas consideran excesivo que se destinen grandes recursos a estas instituciones en un país donde aún existen necesidades básicas en diversas comunidades.
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Durante su explicación, Sheinbaum también cuestionó que algunos funcionarios electorales continúen percibiendo ingresos superiores al de la Presidencia de la República, además de señalar duplicidades administrativas entre el INE y los organismos públicos locales electorales (OPLE).
La presidenta aseguró que el rechazo de la reforma evidenció qué fuerzas políticas respaldan la reducción de estos gastos y cuáles se opusieron a los cambios.
“Plan B”: reducción de gastos en congresos y municipios
Ante el rechazo legislativo, el gobierno federal prepara una nueva propuesta que mantiene el objetivo de reducir gastos públicos considerados excesivos.
Sheinbaum explicó que el “Plan B” plantea establecer límites al presupuesto de los congresos locales, con el fin de evitar diferencias significativas en el gasto legislativo entre entidades del país.
Como ejemplo, mencionó que existen estados donde el costo por legislador es considerablemente mayor que en otras entidades, lo que, a su juicio, refleja desigualdades presupuestales difíciles de justificar.
Además, la propuesta contempla revisar el número de regidores en los ayuntamientos, ya que algunos municipios cuentan con estructuras administrativas amplias que representan un gasto importante para las finanzas locales.
La presidenta argumentó que los recursos que se liberen mediante estos ajustes podrían destinarse a obra pública, servicios urbanos, agua potable o mantenimiento de infraestructura municipal.
Más participación ciudadana en consultas y revocación de mandato
Otro de los ejes del llamado “Plan B” es ampliar los mecanismos de participación ciudadana en temas políticos y electorales.
La presidenta planteó que algunos asuntos relacionados con el sistema electoral, como el financiamiento a partidos, puedan someterse a consulta popular, algo que actualmente no está permitido en la legislación vigente.
Asimismo, propuso que el mecanismo de revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno, ampliando las posibilidades para que la ciudadanía decida si un gobernante debe continuar o no en el cargo.
Sheinbaum adelantó que la nueva propuesta será enviada al Congreso una vez concluida su redacción, con la expectativa de que sea discutida por los legisladores.
Finalmente, reiteró que el propósito central de estas iniciativas es mantener la política de austeridad y eliminar privilegios dentro del aparato público, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana en la vida democrática del país.
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