¿Qué está cambiando realmente en la relación entre México y Estados Unidos? La respuesta va mucho más allá de una nueva ofensiva contra los cárteles o de qué el T-MEC se está “revisando”. Lo que estamos presenciando es una redefinición de la seguridad nacional estadounidense, en la que México ha dejado de ser visto únicamente como un socio comercial, un vecino estratégico o un país de tránsito de migrantes para convertirse, desde la óptica de Washington, en un componente central de su propia seguridad interior.
Ese cambio de paradigma ayuda a explicar decisiones que, observadas por separado, parecen responder a coyunturas distintas: las sanciones del Departamento del Tesoro contra empresas mexicanas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales; la ampliación de las investigaciones sobre redes de lavado de dinero; el endurecimiento del discurso de Donald Trump y de algunos de sus principales funcionarios y asesores; la revisión del T-MEC bajo una lógica de seguridad económica; e incluso el reciente nombramiento de Jay Clayton como director de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI).
Lejos de ser hechos aislados, todos forman parte de una misma estrategia. Durante décadas, la cooperación bilateral descansó sobre cuatro grandes ejes: comercio, migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza. Hoy esos pilares siguen existiendo, pero han comenzado a integrarse bajo una visión diferente: todo aquello que pueda afectar la estabilidad de Estados Unidos pasa a ser considerado un asunto de seguridad nacional.
Los cárteles mexicanos ocupan ahora un lugar privilegiado dentro de esa nueva doctrina.
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Del narcotráfico al narcoterrorismo
La evolución es significativa. Durante años la prioridad fue decomisar droga, detener capos y desarticular células criminales. Sin embargo, la experiencia demostró que las organizaciones sobrevivían a la captura de sus dirigentes porque mantenían intacta su capacidad financiera.
Washington parece haber llegado a una conclusión: ningún grupo criminal puede sostenerse sin dinero, sin empresas, sin redes de lavado de activos y sin estructuras legales que permitan introducir recursos ilícitos en la economía formal.
Por ello, el centro de gravedad de la estrategia estadounidense se ha desplazado hacia el seguimiento de los flujos financieros.
Las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra casinos en Tamaulipas presuntamente vinculados al Cártel del Noreste, así como contra empresas relacionadas con el robo y contrabando de combustibles atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación, ilustran esta nueva lógica.
Ya no se persigue únicamente a quien ordena un homicidio o maneja una plaza.
Ahora también se investiga a quienes administran empresas, crean sociedades mercantiles, ocultan beneficiarios finales, facilitan operaciones financieras o permiten que recursos ilícitos circulen dentro de actividades aparentemente legales.
En otras palabras, la batalla dejó de concentrarse exclusivamente en los territorios controlados por el crimen y comenzó a librarse en los registros corporativos, los bancos y los sistemas financieros.
Una coordinación sin precedentes
La confirmación de Jay Clayton al frente de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia aporta otra pieza importante para comprender este cambio.
Aunque no proviene de una carrera tradicional en inteligencia, su experiencia como fiscal federal y especialista en investigaciones financieras complejas explica buena parte de su nombramiento.
La ODNI coordina a las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia estadounidense, entre ellas la CIA, la NSA, la DIA, el FBI, la DEA y la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento del Tesoro.
Su misión consiste en integrar información, establecer prioridades estratégicas y coordinar operaciones entre todas esas instituciones.
Como señala el consultor en seguridad e inteligencia Simón Vargas Aguilar, el perfil jurídico de Clayton y su experiencia en redes criminales internacionales podrían fortalecer significativamente las investigaciones sobre narcoterrorismo y lavado de dinero, orientando los esfuerzos hacia la persecución de las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales.
La presión sobre México
Este endurecimiento institucional coincide con una narrativa política que camina de forma similar. Donald Trump ha reiterado su intención de evitar que nuevas inversiones estadounidenses se trasladen a México, mientras que Stephen Miller ha cuestionado públicamente la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre todo su territorio. En apariencia son declaraciones políticas. En realidad, complementan la estrategia financiera.
Si Washington sostiene que los cárteles representan una amenaza para su seguridad nacional, resulta lógico que también busque reducir cualquier vulnerabilidad económica derivada de esa percepción.
Por eso la seguridad, el comercio, la migración y la inversión comienzan a formar parte de una sola conversación que se da a la par de la revisión del T-MEC. Nada es casual. Y claro, este nuevo escenario obliga a México a revisar la eficacia de sus mecanismos de supervisión financiera, prevención del lavado de dinero y control sobre sectores vulnerables.
También exige fortalecer la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, las autoridades regulatorias y los órganos encargados de vigilar actividades económicas susceptibles de ser utilizadas por organizaciones criminales.
La pregunta ya no consiste únicamente en cuántos líderes criminales serán detenidos.
La pregunta es en qué medida el Estado mexicano será capaz de identificar y desmantelar las redes empresariales que permiten a esos grupos mantener su enorme capacidad económica antes de que lo hagan las agencias estadounidenses. La presión es enorme mientras que Estados Unidos no persigue a sus propios cárteles, esos que distribuyen y venden el fentanilo en las calles.
Quizá estamos asistiendo al inicio de una nueva doctrina en la relación entre ambos países donde EE.UU. no se limita a proteger sus fronteras, sino que busca intervenir sobre cualquier estructura económica que, desde su perspectiva, fortalezca a organizaciones consideradas una amenaza estratégica.
Eso modifica profundamente la naturaleza de la cooperación bilateral.
Porque el verdadero debate ya no gira únicamente en torno al combate a los cárteles, sino sobre el alcance que tendrá esta nueva concepción de seguridad nacional y hasta dónde estará dispuesto a llegar Washington para proteger sus intereses.
La relación entre México y Estados Unidos siempre ha estado marcada por el comercio, la vecindad y la interdependencia. A partir de ahora, todo indica que también estará definida por una nueva variable: la inteligencia financiera como instrumento central de la seguridad nacional. Y esa transformación apenas comienza.
