El Congreso de San Luis Potosí aprobó la derogación de los artículos del Código Penal estatal conocidos como “Ley Serrano”, los cuales establecían sanciones por conductas relacionadas con el uso de inteligencia artificial, la suplantación de identidad y la difusión de información considerada falsa.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, después de varios meses de críticas de organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos, quienes advirtieron que la redacción de los delitos era ambigua y podía utilizarse para limitar la libertad de expresión.
Los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter habían sido incorporados al Código Penal el 14 de noviembre de 2025. La reforma fue promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés con el argumento de sancionar el uso indebido de herramientas digitales que pudiera causar daños o alarma entre la población.
¿Qué castigaba la llamada Ley Serrano?
Las disposiciones ahora derogadas contemplaban delitos vinculados con el uso no autorizado de la imagen o la voz de una persona, la suplantación de identidad y la difusión dolosa de desinformación mediante inteligencia artificial.
Aunque la reforma buscaba responder a riesgos derivados de nuevas tecnologías, organizaciones como ARTICLE 19 señalaron que no establecía criterios claros para distinguir entre una conducta ilícita, una parodia, una crítica política o una actividad periodística legítima.
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La organización documentó detenciones, investigaciones y órdenes de aprehensión contra personas comunicadoras con base en esos tipos penales. Sostuvo que la falta de precisión jurídica favoreció interpretaciones discrecionales y generó un efecto inhibitorio sobre periodistas, activistas y usuarios de redes sociales.
¿Por qué la CNDH impugnó la Ley Serrano?
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó en diciembre de 2025 la acción de inconstitucionalidad 132/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La CNDH argumentó que los artículos podían vulnerar la libertad de expresión, la seguridad jurídica y los principios de legalidad, taxatividad y uso del derecho penal como último recurso. El asunto permanecía pendiente de resolución al momento de aprobarse la derogación.
Perteneces, A.C. y ARTICLE 19 también entregaron escritos amicus curiae para solicitar a la Corte que invalidara las disposiciones. En junio de 2026, ciudadanos acompañados por esta última organización presentaron ante el Congreso local una iniciativa para eliminarlas del Código Penal.
¿Qué implica la derogación para periodistas y ciudadanos?
La eliminación de los artículos impide que nuevas investigaciones penales se sustenten en esas disposiciones. Sin embargo, las autoridades deberán analizar los efectos jurídicos sobre los procedimientos iniciados mientras la reforma permaneció vigente.
ARTICLE 19 consideró que la derogación representa un avance para la protección de la libertad de expresión y pidió a los congresos evitar leyes digitales con conceptos amplios que puedan convertirse en mecanismos de censura o acoso judicial.
El caso se suma al debate nacional sobre cómo regular la inteligencia artificial sin criminalizar la crítica, el periodismo, la sátira o el intercambio de información en plataformas digitales.
IO
