La madrugada del domingo se tornó fatal en San José Iturbide, Guanajuato, cuando un incendio arrasó el centro de rehabilitación “Volver a Vivir 24 Horas”.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, 12 personas murieron y 5 más resultaron heridas; tan solo seis lograron salir ilesas, entre ellas tres trabajadores.
Dormitorio bajo llave
Los peritos confirmaron que el fuego inició en un dormitorio cuya puerta estaba cerrada por fuera, medida contemplada en el reglamento interno del anexo.
Este dato será clave para determinar si hubo negligencia o intención criminal, pues los sobrevivientes afirman que no tenían forma de abrir desde dentro.
Las llamas consumieron colchones y muros ligeros en minutos, atrapando a jóvenes en proceso de rehabilitación.
Investigación abierta
Aunque se hallaron restos de un artefacto incendiario, la Fiscalía no descarta un cortocircuito como origen.
Tampoco ha identificado al probable responsable: podría estar entre los fallecidos, los heridos o incluso entre los testigos que salieron ilesos.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para necropsias bajo los protocolos de derechos humanos.
Reacción de las autoridades
La gobernadora Libia Dennise García lamentó la tragedia y aseguró “todo el peso de la ley” para quien resulte culpable.
Elementos de bomberos y Protección Civil tardaron casi una hora en sofocar el siniestro; las familias, congregadas a las afueras, denunciaron que no existían salidas de emergencia ni extintores suficientes.
Guanajuato encabeza la estadística nacional de ataques y accidentes en anexos: en 2020 y 2022, comandos armados irrumpieron en centros similares dejando más de 40 muertos.
Las ONG advierten que muchos operan sin certificación oficial, con puertas selladas y protocolos que violan normas de protección civil.
Próximos pasos
La Fiscalía revisará videos, listas de ingreso y bitácoras del personal para deslindar responsabilidades.
Si se comprueba omisión o dolo, los dueños y encargados podrían enfrentar cargos de homicidio doloso y lesiones. Mientras tanto, el ayuntamiento habilitó apoyo psicológico y asesoría jurídica para los familiares de las víctimas.
La tragedia reaviva el debate sobre la regulación de los anexos en México y la urgencia de auditorías que garanticen condiciones dignas y seguras para quienes buscan dejar las adicciones.
IO
