La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la extradición de Raúl “N” a Argentina, donde es requerido por autoridades judiciales por su probable participación en delitos relacionados con trata de personas, explotación sexual y lavado de dinero.
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires solicitó la entrega del acusado, por lo que México autorizó su extradición en cumplimiento del tratado bilateral existente entre ambos países.
La entrega se concretó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde agentes sudamericanos designados para su traslado recibieron al detenido para llevarlo a territorio argentino.
Investigan presunta red de explotación sexual
Las investigaciones citadas por la FGR establecen que, presuntamente, desde noviembre de 2010 y hasta 2019, Raúl “N” habría encabezado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres.
Según la Fiscalía, para desarrollar estas actividades ilícitas se habrían utilizado diversos establecimientos comerciales en los que presuntamente se cometían los delitos investigados.
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La autoridad mexicana explicó que el proceso de extradición se extendió durante varios años debido a los recursos legales promovidos por la defensa del acusado.
FGR enfrenta recursos para concretar extradición
Durante aproximadamente siete años, la defensa de Raúl “N” presentó diversos juicios de amparo y recursos legales tanto en Cancún, Quintana Roo, como en la Ciudad de México, con el objetivo de evitar su entrega a las autoridades argentinas.
La FGR señaló que impugnó dichos recursos y obtuvo resoluciones favorables que permitieron continuar con el procedimiento de extradición hasta concretar la entrega.
Con el traslado, Raúl “N” quedó a disposición de las autoridades judiciales argentinas, que deberán continuar con el proceso correspondiente y determinar su situación jurídica.
La Fiscalía General de la República recordó que el acusado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.
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