EN LA FERIA de Xmatkuil, las rentas de locales se habrían cobrado en efectivo y sin contratos por escrito. Si así ocurrió, el comité organizador tiene varias preguntas por responder: ¿Quién recibió el dinero, cuánto se cobró y dónde quedó registrado? Porque una cosa es administrar una feria y otra muy distinta dejar sus ingresos a la buena memoria de quienes manejan la caja.
Un contrato permite conocer qué espacio se asignó, a quién y bajo qué condiciones. Un recibo acredita cuánto pagó cada comerciante. Con ambos documentos sería sencillo comprobar si lo recaudado coincide con los locales entregados. Para despejar cualquier sospecha, bastaría con publicar el padrón de espacios, las tarifas autorizadas y el monto total de los ingresos. La transparencia no debería ser una atracción extraordinaria de Xmatkuil, pero parece que también habrá que pedir boleto para verla.
EN LA SECRETARÍA de Finanzas de Yucatán hace falta orden, y el titular Juan Sánchez es el primero que debe responder por ello. Su responsabilidad comienza con tres preguntas elementales: ¿Cuánto dinero tiene el Gobierno, cuánto está comprometido y cuánto puede utilizar realmente?
Si esas cifras no están claras, cualquier instrucción de gasto puede convertirse en una promesa sin fondos. Porque no es lo mismo tener presupuesto autorizado que dinero disponible. Una partida puede mostrar saldo, pero estar comprometida con contratos pendientes de pago.
También puede existir una obra aprobada sin que los recursos estén disponibles cuando debe comenzar. Confundir esas cuentas puede dejar a una dependencia con la orden de ejecutar un programa y sin un peso para hacerlo. Ahí se mide la capacidad de Juan Sánchez.
Le corresponde informar cuánto puede gastar cada dependencia, cuándo tendrá los recursos y qué compromisos deben atenderse primero.
No se trata solamente de cuadrar números, sino de evitar obras detenidas, proveedores esperando pagos y programas que no llegan a sus beneficiarios. Administrar las finanzas públicas exige anticiparse, no enterarse de los problemas cuando las dependencias ya están contra la pared.
Y la pregunta que debería tener respuesta inmediata en Palacio de Gobierno es sencilla: ¿Cuánto dinero tiene Yucatán realmente disponible y cuáles son las prioridades que puede financiar? Porque gobernar con cifras que no cuadran no es planeación; es apostar con dinero ajeno.
QUE EN LOS últimos días se habría desplegado una intensa operación de distribución de folletos promocionales de Liborio Vidal Aguilar. Hasta ahí, nada extraordinario: en tiempos políticos, hay quienes reparten propaganda como si la próxima elección fuera mañana.
Lo interesante es otra cosa. Según versiones recogidas, entre quienes habrían participado en el reparto figuran servidores de la nación. Y no precisamente de incógnito, pues algunos supuestamente portaban sus característicos chalecos guindas.
Si las versiones se confirman, habría que aclarar si se trató de actividades particulares realizadas fuera de sus funciones o si personal vinculado con programas federales participó en una operación de promoción política.
La diferencia no es menor y merece una explicación. Por cierto, comerciantes también aseguran que en las paredes de sus establecimientos aparecieron calcomanías guindas con la leyenda “#El amigo escucha”.
Sería interesante conocer quién autorizó colocarlas y quién decidió que las fachadas ajenas podían convertirse en espacios de propaganda. Escuchar está muy bien; pedir permiso demuestra educación.
POCOS PASARON POR alto la estrategia política desplegada por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín después de su informe de actividades. En una entrevista que, por su desarrollo, pareció más una escena preparada que un encuentro espontáneo con la prensa, Arturo Escobar terminó por mencionarlo como aspirante a la alcaldía de Mérida.
Pero el verdadero mensaje no estuvo únicamente en las declaraciones. También apareció en la fotografía que acompañó la noticia. Ahí fi guraron personajes como Chelita Magadán y Felipe Duarte, haciendo la característica V del Partido Verde Ecologista, junto al senador y parte de su equipo cercano.
Una imagen que provocó comentarios entre quienes siguen los movimientos de la alianza oficialista, sobre todo por la presencia de figuras consideradas cercanas al Gobernador. Las fotografías políticas rara vez son inocentes, particularmente cuando reúnen a personajes de distintas corrientes alrededor de alguien con aspiraciones electorales.
Según versiones que circulan en círculos partidistas, Ramírez Marín estaría enviando una señal: su interés por Mérida permanece sobre la mesa, aunque podría entrar en una negociación más amplia que incluya alcaldías y diputaciones federales para su grupo.
Por supuesto, una fotografía no demuestra la existencia de acuerdos ni garantiza respaldos. Pero en política también se negocia con imágenes, y algunas están calculadas para que las vean precisamente quienes no aparecen en ellas.
QUÉ TREMENDO ENREDO se habría formado en la Secretaría de Salud de Yucatán con la incorporación de personal al IMSS Bienestar. El motivo es un apoyo de ocho mil pesos que, según denuncian trabajadoras de enfermería, les prometieron para adquirir sus uniformes.
De acuerdo con las versiones recogidas entre el personal, el recurso estaría contemplado únicamente para quienes se registraron durante la primera etapa del proceso. Eso dejaría en la incertidumbre a enfermeras incorporadas o transferidas posteriormente, quienes aseguran no tener información clara sobre su situación. Las inconformes sostienen, además, que representantes sindicales les habían informado que el pago estaría disponible, como máximo, el pasado 17 de octubre.
La fecha pasó y algunas aseguran que siguen esperando tanto el dinero como una explicación. Aquí hacen falta respuestas concretas: ¿Quiénes tienen derecho al apoyo, qué condiciones se establecieron y cuándo se efectuarán los pagos pendientes? La Secretaría de Salud y el sindicato tendrían que aclararlo. Porque ocho mil pesos pueden parecer una cantidad menor desde un escritorio administrativo, pero no necesariamente para quien debe comprar uniformes con su salario. Lo que se prometió debe explicarse, y si hubo condiciones distintas para cada grupo, también.
LA SALIDA DE Alfonso Basto Flores de una jefatura de departamento en Cultur ha provocado comentarios dentro de la administración estatal. Según información recabada, varias trabajadoras habrían presentado reportes ante la Dirección General por presuntas conductas de acoso y faltas de respeto en el ámbito laboral. Las versiones señalan que la separación del cargo se produjo después de que las autoridades recibieran las quejas.
Sin embargo, todavía debe precisarse si existió una investigación administrativa, qué determinación se adoptó y si la salida estuvo relacionada con esos señalamientos. También circulan referencias a presuntas inconformidades anteriores durante su paso por un puesto administrativo en el Complejo Deportivo Inalámbrica, del Instituto del Deporte de Yucatán.
Ese antecedente requiere comprobación documental antes de establecer cualquier relación entre ambos episodios. Lo importante aquí no es alimentar rumores sobre un exfuncionario, sino saber cómo responden las instituciones cuando reciben denuncias laborales.
Si hubo quejas formales, corresponde aclarar si se investigaron y qué medidas se adoptaron para proteger a las personas involucradas. Cambiar a alguien de ofi cina no sustituye un procedimiento institucional, y una separación tampoco demuestra por sí misma la responsabilidad de la persona señalada. En asuntos de esta naturaleza la discreción debe proteger a las posibles víctimas, no convertirse en excusa para evitar explicaciones.
UNA INVESTIGACIÓN EN curso podría aclarar una situación peculiar alrededor del concierto de Ricardo Arjona en el Parque Kukulcán. Se trata de entradas que, según versiones recabadas, habrían sido destinadas como cortesías para el Ayuntamiento de Mérida y el Gobierno del Estado.
Algunas de esas localidades, presuntamente identificadas con la leyenda “Cortesía”, habrían aparecido en ofertas de reventa por cantidades superiores a 20 mil pesos. Si se confirma que los boletos fueron entregados a instituciones públicas y posteriormente ofrecidos en el mercado de reventa, habrá varias preguntas por responder: ¿Cuántas cortesías se distribuyeron, quiénes las recibieron y qué controles existían sobre su destino?
También será necesario comprobar que las entradas anunciadas correspondían realmente a las cortesías institucionales y no a otro tipo de boletos. Por ahora, las versiones no permiten señalar responsables ni determinar cómo habrían llegado esas localidades a manos de revendedores.
Pero la pregunta de fondo merece aclararse. Si las entradas fueron entregadas gratuitamente para fi nes institucionales, ¿cómo terminaron, presuntamente, convertidas en mercancía de miles de pesos? En ese caso, lo verdaderamente extraordinario no sería el concierto, sino el negocio alrededor de lo que debía ser una cortesía.
Entre pib y pib… todo es personal.
