El Juzgado Octavo de Distrito con sede en esta ciudad, declaró legal el retiro anticipado de la concesión del suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que mantenía Aguakan en los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
A la propietaria de la sociedad mercantil del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), el Juez federal Mario Fernando Gallegos León, titular del Juzgado Octavo de Distrito, le negó el amparo en sentencia definitiva que promovió a finales de 2023, con el que logró detener temporalmente la contraprestación del servicio.
Aguakan cuenta con plazo de 10 días hábiles para presentar el recurso de revisión y llevar su litigio a una segunda instancia, a algún Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo, o incluso, promover que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso.
La sentencia del Juez Octavo de Distrito, correspondiente al Vigésimo Séptimo circuito en contra de Aguakan dentro del juicio de amparo indirecto 1323/2023 promovido por la empresa contra el decreto 195, aprobado por los diputados del Congreso local por el retiro anticipado de la concesión, pactado hasta el año 2053.
La concesión original por un período de 30 años le fue otorgada a Grupo Mexicano de Desarrollo en 1993, por orden directo del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari al entonces gobernador Mario Villanueva Madrid.
Aun cuando en 2023 vencía dicha concesión, en 2014, el priista Roberto Borge Angulo, quien fungía como mandatario estatal, ordenó a la Comisión de Agua Potable y alcantarillado (CAPA), a tres cabildos municipales y el Congreso del Estado de Quintana Roo, para que aprobaran la ampliación del contrato por otros 30 años. Además, agregó al municipio de Puerto Morelos en dicho paquete.
Los diputados de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo abrogaron la concesión de Aguakan a partir del 1 de enero de 2024.
El principio del fin
Aguakan respondió con una demanda de amparo que lo benefició con una suspensión provisional mientras se resolvía el juicio. La medida la obtuvo antes de la conclusión de 2023.
Pero, el principio del fin par Aguakan fue en 2020, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como respuesta a múltiples quejas y demandas por el incumplimiento de las cláusulas del contrato por el mal servicio, los cortes del suministro, el pésimo tratamiento de las aguas residuales y los cobros excesivos, las tarifas más altas de Latinoamérica, anunció que se analizaría la posibilidad de revertir la concesión que les dio Borge a GMD hasta 2053.
Tras una dilación procesal de 14 meses por recursos que impusieron los abogados de Aguakan para alargar el pleito, el pasado 26 de marzo el juez Octavo de Distrito realizó la audiencia constitucional que finalmente dio paso a la sentencia.
Nunca cumplió las cláusulas del convenio
El juez Mario Fernando Gallegos determinó que Aguakan incumplió la relación contractual de entrega de la concesión al abandonar diversas zonas de los cuatro municipios donde tenía la obligación de prestar el servicio.
El juzgador tomó en cuenta diversas denuncias presentadas por usuarios y algunas publicadas por medios de comunicación; además de inspecciones realizadas por dependencias estatales y federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por violaciones del derecho al medio ambiente sano.
“En conclusión, al no quedar demostrada la ilegalidad atribuida al Decreto 195 reclamado, lo que procede es negar a la parte quejosa (…), sociedad anónima de capital variable, por conducto de su apoderado (…), la protección de la Justicia Federal solicitada”, se lee de manera contundente en la sentencia de amparo 1323/2023, con lo cual se le negó la protección de la Justicia de la Unión.
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A la par que el director general Paul Andrew Rangel Merkley promovió diversos recursos para alargar el pleito, el gobierno de Quintana Roo acusó de un presunto fraude procesal y de manera paralela, socios y directivos de la empresa promovieron amparos contra órdenes de detención, misma que les fue otorgada.
Las denuncias fueron por lavado de dinero, pues en 2014, para ganar la concesión, se entregó a la entonces administración estatal, un recurso de más de mil millones de pesos presuntamente provenientes de recursos ilícitos.
Para el próximo 9 mayo, los socios y directivos de Aguakan tienen programada una audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso por el delito de lavado de dinero, radicada en el expediente 1433/2024, en el Juzgado Segundo de Distrito, que ha sido pospuesta dos veces y en la cual se determinará su situación jurídica.