El rescate de cinco mujeres colombianas la noche del pasado lunes en Cancún volvió a encender las alertas sobre la operación de redes de trata de personas en el principal destino turístico del Caribe mexicano. En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) ha realizado 18 cateos y obtenido dos sentencias condenatorias contra presuntos responsables de estos ilícitos. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, solo en enero, se abrieron 13 carpetas de investigación por este delito.
De acuerdo con cifras del mismo organismo, Quintana Roo se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de este crimen a nivel nacional. En enero se iniciaron 38 expedientes en todo el país, de los cuales 13 correspondieron al estado.
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Cateos en bares revelan explotación sexual de mujeres en Cancún y Playa del Carmen
El año pasado cerró con 165 investigaciones iniciadas, un promedio mensual de 13.75, en su mayoría relacionadas con explotación sexual, lo que evidencia un comportamiento sostenido en zonas turísticas. En Cancún, las víctimas han sido localizadas en bares o casas de seguridad.
En el caso más reciente, según el informe oficial, las afectadas fueron halladas en un inmueble de la Supermanzana 56 tras una denuncia anónima. Un individuo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que abrió una indagatoria por trata en su modalidad de explotación sexual.
Este hecho se suma a los cateos efectuados en la coctelería “Caribeños” y en otros establecimientos de Cancún y Playa del Carmen, donde fueron liberadas 29 mujeres —mexicanas y extranjeras— presuntamente obligadas a ejercer prostitución. Entre ellas había personas originarias de Cuba, Honduras, Perú y Nicaragua, además de un menor de edad.
Autoridades estatales señalaron que el método detectado coincide con esquemas internacionales: captación mediante redes sociales con ofertas laborales falsas como edecanes, modelos o empleadas de bares; promesas de ingresos elevados y cobertura de traslados. Una vez en el destino, las afectadas son retenidas, endeudadas por supuestos gastos y forzadas a brindar servicios sexuales.
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Respecto a la situación migratoria, fuentes extraoficiales indicaron que algunas ingresan como turistas con documentos en regla, mientras otras permanecen en condición irregular, lo que aumenta su vulnerabilidad y complica la denuncia. La Fiscalía indaga si detrás de estos hechos opera una organización transnacional con vínculos en Sudamérica y Centroamérica.
Colectivos civiles como Conciencia y Participación advierten que la cifra negra continúa siendo alta y que los rescates recientes podrían representar solo una parte del problema real. En tanto, las autoridades aseguraron que mantendrán los operativos en bares y centros nocturnos, al tiempo que exhortaron a la población a reportar cualquier indicio de explotación.
