Quintana Roo registra 118 desarrollos inmobiliarios irregulares; de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial Sustentable (Sedetus), los municipios que concentran la mayoría de los proyectos son Tulum, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Benito Juárez.
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El más reciente complejo boletinado, denominado Aurea, ubicado en Tulum, contraviene los Artículos 80 y 81 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. Lo anterior se debe a que realiza actividades de publicidad y comercialización sin contar con la Constancia de Congruencia Urbanística Estatal ni los permisos municipales correspondientes.
De acuerdo con el titular de la dependencia, José Alberto Alonso Ovando, la institución ha identificado y, en algunos casos, clausurado 118 lotificaciones anómalas en la entidad durante el 2025 y lo que va del 2026. Dichos sitios no cuentan con la documentación legal o presentan diversas fallas en su creación y operación.
Mario González Pliego Gutiérrez, miembro de la Barra de Abogados, advirtió que los fraudes inmobiliarios representan cerca del 30 por ciento de los servicios atendidos por despachos litigantes, por lo que permanecen como una de las principales problemáticas en la región. Explicó que los casos más comunes involucran suplantación de identidades, falsificación de documentos oficiales y firmas apócrifas.
Representantes de la asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS) reiteraron su llamado para que la Sedetus sancione a los asesores que promueven construcciones sin avales ambientales. Criticaron que la autoridad estatal otorgue plazos para que las empresas se regularicen, pues eso no es un castigo, sino solo un paliativo ante el creciente desorden urbano y la presunción de estafas.
Aseguraron que han solicitado la publicación de la lista negra completa de cientos de proyectos que carecen de anuencias y atentan contra el equilibrio ecológico.
En materia urbana, el estado enfrenta una compleja grieta social, pues además de estos proyectos de bienes raíces boletinados por la Sedetus, se han contabilizado más de 400 asentamientos diseminados por toda la entidad, desde zonas grandes como Nuevo Noh-Bec en Playa del Carmen, hasta pequeños grupos de casas en la selva.
Al respecto, Alonso Ovando aseguró que solo existen entre dos y tres denuncias interpuestas en el sur, en Chetumal, Mahahual y Bacalar, y otras en el norte, pues se prioriza la conciliación antes que las acciones legales.
Ante este panorama, reiteró el llamado a la ciudadanía para que, antes de adquirir un terreno o vivienda, verifiquen la legalidad de los predios ante la autoridad estatal. Refirió que es necesario revisar que tengan los permisos vigentes para evitar problemas legales o pérdidas económicas derivadas de operaciones fraudulentas.
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JGH
