Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora de la República por el PAN en la LXVI Legislatura bajo el principio de primera minoría, se perfila como la principal carta del blanquiazul para la gubernatura de Quintana Roo en 2027, según diversas encuestas internas. Sin embargo, su trayectoria de más de dos décadas en la política local y federal está marcada por un ascenso constante en cargos públicos, un perfil de oposición dura contra Morena y señalamientos que han puesto en entredicho su actuar institucional, en un estado donde la alternancia parece lejana ante el dominio del partido guinda.
Nacida en Chetumal, su carrera inició en el ámbito municipal: de 2013 a 2016 fungió como regidora en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco durante la administración de Eduardo Espinosa Abuxapqui, donde más que un contrapeso de la oposición fue aliada de la gestión oficial.
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En marzo de 2016 asumió como diputada local en la XV Legislatura del Congreso del Estado por el décimo quinto distrito con sede en Chetumal, sin completar su encargo ya que pidió licencia en 2018 para contender por el Senado.
Desde el 1 de septiembre de 2018 ocupa una curul en el Senado de la República por la vía plurinominal, ya que en 2024 fue reelegida. Tomó licencia temporal en 2021 para coordinar la campaña de Va por México en Quintana Roo, proceso en el que Morena obtuvo el carro completo en la entidad.
Su presencia en la entidad se ha vuelto más notoria por sus constantes críticas en redes sociales contra las obras del Gobierno federal, señalando presuntos actos de corrupción en el Tren Maya, contratos a familiares de funcionarios y supuestos vínculos de Morena con el crimen organizado.
No obstante, su imagen pública ha enfrentado cuestionamientos. El más reciente y visible ocurrió durante una visita a las obras del Tren Maya, donde elementos de la Guardia Nacional le solicitaron identificación para ingresar a una zona restringida. Sin portar credencial oficial, la senadora pidió verificar su identidad “en Google” o en la página del Senado y recordó su fuero constitucional, un episodio que generó amplio debate en redes sociales y fue calificado por críticos como un “charolazo” que evidenciaría un sentido de impunidad propio de la clase política.
El incidente, ampliamente difundido, expuso tensiones entre legisladores y fuerzas de seguridad en torno a la transparencia de megaproyectos; asimismo, ha sido utilizado para cuestionar si su estilo fortalece o debilita la imagen de una alternativa creíble ante el dominio de Morena.
En el ámbito interno del PAN quintanarroense, Martínez Simón ha sido señalada en contextos de divisionismo. Su posicionamiento como aspirante principal —con entre 16 y 28.7 por ciento en preferencias internas, según encuestas de Cripeso, Meta Metrics y GobernArte— contrasta con la fragmentación del partido, donde persisten críticas por procesos de selección y estrategias que no han revertido el declive blanquiazul.
Militantes y analistas locales han cuestionado si su doble rol en el pasado (legisladora y coordinadora de campañas) y su cercanía con estructuras nacionales del PAN han limitado la renovación interna y solo le han servido para beneficiarse a sí misma.
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Aunque no se registran acusaciones formales graves de corrupción o nepotismo en su contra en fuentes públicas consultadas, su trayectoria por cargos de representación ha coincidido con periodos de bajos resultados electorales para el PAN en la entidad. Durante su gestión en la Legislatura local, fue señalada de aprovechar recursos del Congreso para posicionarse y catapultarse en lugar de promover iniciativas de ley en beneficio de los quintanarroenses. En el Senado, sus intervenciones han sido más reactivas que propositivas en materia de desarrollo regional, según analistas y observadores.
A pesar de ello y con miras al 2027, Martínez Simón representa para el PAN la opción con mayor visibilidad, pero enfrenta el reto de superar una percepción ciudadana de una oposición testimonial, que solo aparece cuando se acerca un proceso electoral.
Para la ciudadanía, temas sensibles como sargazo, seguridad en zonas turísticas y servicios públicos demandan propuestas concretas más allá de la confrontación. En contraparte, su aspiración ocurre en un contexto de alta polarización, donde el fuero y el acceso a recursos públicos siguen siendo objetos de escrutinio social.
La radiografía de Mayuli Martínez Simón muestra que de una u otra forma se ha mantenido vigente, pero que también ha sido expuesta a controversias que ponen a prueba su conexión con la ciudadanía, en un Quintana Roo que exige resultados tangibles más que discursos de confrontación.
El partido deberá valorar los señalamientos surgidos desde su paso por el Congreso local, los cuales aseguran que a Mayuli Martínez Simón la rodean la mentira y la soberbia, actitudes que no le permitirían hablar de frente con la ciudadanía quintanarroense ni tener la cercanía que la gente demanda. Debido a ello, fue criticada y acusada de rechazar a todo aquel que se acercaba a su cubículo en busca de respaldo.
El desenlace de su posible candidatura dependerá de cómo cierre filas en un partido dividido y construya una narrativa creíble ante un electorado cansado de las mismas caras, las mismas palabras vacías y promesas que no se cumplirán.
