Yucatán continúa consolidándose como uno de los principales destinos para la población extranjera que busca establecerse en México, de manera temporal o permanente. Durante este año, personas originarias de 107 países realizaron trámites ante el Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad, un indicador que refleja la creciente diversidad de nacionalidades que hoy convergen en el estado.
El delegado del INM en Yucatán, Luis Esperón Villanueva, explicó que, aunque no existe un padrón preciso sobre el número de extranjeros que residen en la entidad –debido a que muchos permanecen sólo durante determinadas temporadas del año‒ la actividad migratoria evidencia un flujo constante de personas que buscan regularizar su estancia o establecer vínculos laborales y familiares en territorio yucateco.
De acuerdo con cifras de la propia delegación, las oficinas del INM en el estado atienden diariamente a un promedio de entre 250 y 350 personas, además de operar programas permanentes como Héroes Paisanos, orientado a respaldar a los mexicanos que retornan del extranjero, especialmente desde Estados Unidos.
Migrantes del norte
El funcionario precisó que las comunidades con mayor presencia siguen siendo las de Estados Unidos y Canadá, cuyos integrantes acostumbran pasar largas temporadas en municipios como Mérida, Progreso y otras zonas costeras, atraídos por el clima, el costo de vida y las condiciones de seguridad que distinguen al estado.
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A ellas se suman grupos cada vez más numerosos de personas procedentes de Cuba, Colombia y Venezuela, quienes han acudido a las oficinas del Instituto para realizar diversos procedimientos migratorios relacionados con su permanencia legal en el país. Tan sólo en el periodo más reciente, la delegación contabilizó más de 3 mil nuevos registros de ciudadanos cubanos, más de 700 de colombianos y una cifra similar de venezolanos que realizaron trámites ante la autoridad migratoria estatal, un salto que las propias autoridades atribuyen a la estabilidad y la seguridad que ofrece la entidad.
Diversos registros oficiales confirman incluso la llegada de personas de estas nacionalidades por vía marítima a las costas del estado, casos en los que el INM coordina la gestión de sus trámites y su proceso de regularización.
Integración social
Esperón Villanueva señaló que uno de los principales desafíos para las autoridades consiste en favorecer la integración social y económica de la población extranjera que decide establecerse en Yucatán. “Tenemos que tener esa capacidad de integrar a quien viene al estado a trabajar y a aportar al desarrollo de Yucatán; quien venga con ese propósito, es bienvenido”, expresó.
El delegado subrayó, además, que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva de derechos humanos y no bajo conceptos relacionados con la ilegalidad. Explicó que la legislación mexicana distingue entre personas con una situación migratoria regular e irregular, evitando calificativos que criminalicen la movilidad humana, por lo que las acciones del Instituto buscan privilegiar el cumplimiento de la Ley de Migración respetando los derechos fundamentales de quienes ingresan o permanecen en el país.
Durante los últimos años, Yucatán ha incrementado su atractivo para extranjeros, particularmente jubilados, profesionistas, inversionistas y personas que realizan trabajo remoto, quienes encuentran un entorno con bajos índices de violencia, infraestructura urbana en crecimiento y una oferta de servicios que ha favorecido el establecimiento de nuevas comunidades internacionales.
El crecimiento de esta población también ha impulsado una mayor demanda de trámites migratorios, servicios consulares, vivienda y actividades económicas vinculadas al mercado internacional, fenómeno que se ha intensificado tras la pandemia y ha modificado el perfil demográfico de diversas zonas de Mérida y de municipios costeros.
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Ese mismo dinamismo, sin embargo, tiene un costado que especialistas inmobiliarios y académicos han documentado con creciente preocupación: la presión sobre la vivienda y el costo de vida local. Se estima que cada año llegan alrededor de 20 mil nuevas familias a Yucatán, una tendencia que ha convertido a Mérida en destino predilecto para jubilados extranjeros –sobre todo estadounidenses y canadienses‒ atraídos por la seguridad, la conectividad y el patrimonio arquitectónico colonial.
De acuerdo con el Índice SHF, el precio de las viviendas en Yucatán aumentó 9.9% en el 2024, y un departamento de dos habitaciones en Mérida alcanzó un valor cercano a los 3.2 millones de pesos, mientras que la renta en el Centro Histórico oscila entre 12 mil y 40 mil pesos mensuales. En algunas zonas residenciales de la capital, agentes inmobiliarios han reportado incrementos de hasta 50 por ciento en el precio de las rentas en los últimos tres años.
Especialistas en urbanismo advierten que Mérida vive un proceso de “turistificación”, en el que la ciudad y su cultura se transforman en mercancía, y señalan que la falta de regulación del uso de suelo y de límites a la renta de corto plazo ha permitido que la vivienda deje de concebirse como un derecho para consolidarse como negocio altamente rentable.
Un sector “tierra de nadie”
Estimaciones recientes ubican en alrededor de 7 mil el número de propiedades en Mérida que operan actualmente como alojamiento tipo Airbnb, muchas sin tributar como negocio, lo que ha reducido la oferta de vivienda para uso habitacional en barrios históricos y comisarías periurbanas. Cámaras del sector, como Canadevi Yucatán, han reconocido públicamente el encarecimiento tanto de la vivienda como de las rentas y han pedido políticas públicas para mitigar el fenómeno.
Para las autoridades migratorias, el comportamiento descrito confirma que Yucatán mantiene condiciones que lo colocan entre los estados con mayor capacidad para atraer residentes extranjeros, al tiempo que plantea el reto de fortalecer políticas públicas que faciliten su integración sin perder de vista el respeto a la legislación migratoria, la convivencia con las comunidades locales y el acceso a la vivienda para la población yucateca.
El desafío, coinciden autoridades y especialistas, no es frenar la llegada de nuevos residentes, sino ordenar su impacto: garantizar que la apertura del estado hacia el mundo no se traduzca en el desplazamiento de quienes ya vivían en él.
