A fin de recaudar más dinero para la caja chica gubernamental, el gobierno municipal de Playa del Carmen reestructuró la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de que los titulares se negaran a multar a automovilistas sin justificación, según fuentes anónimas que pidieron permanecer en el anonimato por temor a represalias.
Los elementos de la SSC cambiaron las estrategias policiales no por decisión propia, sino por consigna desde arriba, con órdenes precisas que deben cumplirse sin importar el daño económico a los ciudadanos, describió J.A.M.
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El objetivo de la presidente municipal Estefanía Mercado no es servir y proteger, sino simular trabajo en casos de emergencia, señalaron los denunciantes. El entonces director de Tránsito Municipal, Arturo Pech Martínez, fue despedido por negarse a recaudar 8 millones de pesos mensuales en multas e infracciones, cuando el promedio era de 4 millones.
De acuerdo con testimonios, Pech se negó a “sangrar la economía de los ciudadanos” con sanciones injustificadas, lo que derivó en su salida. Situación similar ocurrió con el teniente Raúl Tassinari, titular de la SSC, quien perdió el cargo pese a que la gobernadora de Quintana Roo había dotado al municipio de una avioneta para reforzar la vigilancia.
Ambos casos derivaron en una reestructuración interna de la policía, que según ciudadanos como M.P.B., busca llenar la caja chica para campañas electorales, obligando a cada elemento policiaco a entregar un porcentaje de dinero, sin importar cómo obtenerlo.
Entre las medidas señaladas se encuentra el cobro a ciudadanos por cristales polarizados, contradiciendo el Reglamento de Tránsito municipal. Además, los fiscales tendrían la consigna de extorsionar pequeños comercios y ambulantes, incluyendo hoteles modestos, que han cedido por temor a represalias.
