La reciente separación de un agente de Tránsito de Cancún, señalado por presuntamente intentar extorsionar con 630 dólares a turistas en la zona hotelera, ha generado suspicacias entre la ciudadanía sobre la efectividad real de las cámaras corporales implementadas en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito (SSCyT) como mecanismo de vigilancia y combate a la corrupción.
Durante un sondeo ciudadano se constató que la percepción predominante es que el uso de bodycams no garantiza por sí solo una disminución de la corrupción, ya que su efectividad depende de factores como la vigilancia continua, el análisis sistemático del material grabado y la aplicación oportuna de correctivos.
Ante la pregunta: ¿Cree que las cámaras corporales han ayudado a reducir la corrupción policial en Cancún?, las opiniones fueron diversas. “No, tal vez han ayudado un poco, pero los abusos continúan; son muy mañosos”, comentó Iván Pérez.
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Otro entrevistado, que pidió mantener el anonimato, señaló: “Solo funcionan cuando los casos se vuelven virales. Yo me entero por las redes sociales porque la gente ya está cansada y los graba; esas cámaras sí sirven, las de la policía no”.
Una tercera persona consultada expresó: “No creo que funcionen, o las apagan. Además, dan muy mala imagen; por eso ya casi no hay turismo, porque lo ahuyentan con sus mordidas”.
Las autoridades municipales impulsaron desde finales del 2024 la incorporación de cámaras de solapa o bodycams para todo el personal operativo, con el argumento de fortalecer la transparencia, proteger tanto a ciudadanos como a uniformados y disminuir conductas indebidas durante el servicio.
De acuerdo con información oficial, estos dispositivos deben portarse durante toda la jornada y mantenerse activos en cualquier intervención, recorrido preventivo o interacción con la población.
El incumplimiento de esta disposición, ya sea por no utilizarlos, desactivarlos o alterarlos, constituye una falta administrativa que puede derivar en sanciones, arrestos e incluso procedimientos ante el Consejo de Honor y Justicia.
En lo que va del año, siete integrantes de la corporación han sido dados de baja o separados de sus funciones por distintas anomalías, entre ellas abuso de autoridad y extorsión. Sin embargo, el caso de mayor repercusión fue el de un policía en activo detenido en febrero por la Fiscalía General del Estado, identificado como Adrián V., alias “Panza de Yegua”, por su presunta relación con al menos 30 robos con violencia, lo que derivó en su destitución inmediata.
Por su parte, la Dirección de Asuntos Internos sancionó con arresto a 42 uniformados por incumplir el uso obligatorio de las cámaras corporales desde la entrada en vigor de la medida. No obstante, la inversión de 31 millones de pesos no ha resultado suficiente como herramienta preventiva, ya que, según versiones de los propios agentes, las grabaciones únicamente son revisadas cuando existe alguna queja formal.
Actualmente, la SSCyT dispone de alrededor de 725 dispositivos de videograbación asignados al personal operativo. Estos equipos son distribuidos por turno y forman parte de un esquema de supervisión que contempla revisiones posteriores cuando se presenta una denuncia o se inicia una investigación. A pesar de ello, la aplicación práctica del sistema continúa generando dudas respecto a su verdadero alcance como instrumento de prevención.
Con base en la normativa difundida por las autoridades locales, el material audiovisual puede ser analizado por Asuntos Internos o por mandos superiores cuando exista una inconformidad ciudadana, una querella formal o una indagatoria en curso. Asimismo, las grabaciones pueden ser requeridas por organismos defensores de derechos humanos para evaluar posibles irregularidades.
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Sin embargo, diversos episodios relacionados con presuntos abusos o intentos de extorsión en Cancún han trascendido principalmente a través de videos captados por particulares o difundidos en redes sociales, más que por mecanismos permanentes de supervisión institucional.
Esta situación ha alimentado el debate sobre si las cámaras corporales funcionan como una herramienta preventiva constante o únicamente como un recurso reactivo cuando un incidente adquiere notoriedad pública.
En el 2025, un total de 23 elementos fueron separados de sus cargos por diversas irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, mientras que más de 130 permanecen bajo investigación por deficiencias en el servicio y posibles conductas ilícitas.
