Al menos 116 predios irregulares fueron detectados, así como 325 terrenos invadidos, señaló José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) del estado. Mencionó que entre los municipios más afectados se encuentran Othón P. Blanco y Bacalar.
La supervisión de tierras se motivó al no contar con documentación adecuada, lo que levantó sospechas en la institución. De las 325 inspecciones a predios federales, estatales y municipales, al menos tres casos escalaron a proceso penal, debido a la falta de certeza jurídica en el título de propiedad o por restricciones de ordenamiento ecológico.
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Se detectó que supuestos vendedores engañan a ciudadanos con predios donde es imposible obtener un documento de posesión. Las investigaciones señalan que quienes realizan estas prácticas son, en su mayoría, ejidatarios y personas provenientes de otros estados, principalmente de Yucatán, donde estas actividades fueron toleradas durante años.
Al trasladarse a Quintana Roo, continuaron con dichas prácticas, generando procedimientos legales en su contra. Aunque se trata de una problemática recurrente, las autoridades estatales y municipales trabajan coordinadamente para erradicar estas acciones y garantizar que la venta de predios se realice conforme a la ley.
Finalmente, Alonso Ovando exhortó a la ciudadanía a verificar que los terrenos cuenten con el aval de Sedetus, para evitar fraudes inmobiliarios relacionados con la oferta de predios a precios bajos.