Una denuncia por tentativa de homicidio presentada ante la Fiscalía y un reclamo colectivo sobre la forma en que se asignan los trabajos de acarreo coincidieron este jueves en las oficinas centrales del Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado (IMOVEQROO). Hasta ahí llegaron sindicatos de volqueteros de la zona sur para solicitar la intervención de la dependencia en un conflicto que, afirman, ya rebasó el terreno laboral.
Los hechos que detonaron la protesta se remontan al martes 13 de octubre, en el acceso al parque industrial de Huay Pix, en el municipio de Othón P. Blanco. Ese día, dos agrupaciones sindicales disputaban el acarreo de material asfáltico y una de ellas mantuvo cerrados durante varias horas los accesos al recinto, lo que derivó en un episodio de violencia.
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Antonio González Notario, secretario general del sindicato Caja Roja, se encontraba en la entrada principal para impedir el ingreso al terreno cuando, de acuerdo con su versión, un volquete avanzó en su dirección. El dirigente relató que evitó ser atropellado al sostenerse de la parte frontal de la unidad, que lo arrastró varios metros. Según la información proporcionada, el hecho fue presenciado por numerosas personas.
Posteriormente, González Notario acudió a la Fiscalía Especializada en el Combate al Delito de Homicidio, Distrito Zona Sur, donde denunció hechos que podrían constituir tentativa de homicidio. En la denuncia señaló como probable responsable a Omar N, representante del sindicato C.R.O.M., a quien atribuye la conducción del vehículo.
El acta quedó registrada con el número FGE/CHE/DCVSP/1014/2026, el número de caso FGE/QROO/OPB/15596/2026 y la carpeta de investigación FGE/QROO/CHE/DCVSP/10/20/2026. Corresponderá a la autoridad ministerial determinar el grado de responsabilidad de Omar N o de cualquier otra persona que resulte involucrada.
Con ese antecedente, la mañana de este jueves se concentraron frente al IMOVEQROO integrantes de las agrupaciones Caja Azul, del municipio de Bacalar; Untrac; Contramex; el ejido Juan Sarabia; Caja Blanca y la propia Caja Roja. Entre sus planteamientos pidieron que se investigue la agresión y que se suspenda o cancele la concesión y la licencia de servicio público de la persona señalada como responsable.
Los transportistas solicitaron también al instituto la elaboración de una minuta de acuerdo que establezca cómo se distribuirá el trabajo de acarreo entre municipios. Sostuvieron que contar con reglas claras y respaldadas legalmente permitiría reducir las fricciones por la asignación de estos servicios, que en esta ocasión terminaron en un hecho violento.
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Los manifestantes añadieron que una familia de transportistas radicada en la localidad de Miguel Hidalgo, en Bacalar, ha tenido altercados con integrantes de todos los sindicatos presentes en la protesta, algunos de ellos de gravedad similar a la que describe el dirigente de Caja Roja.
De acuerdo con las agrupaciones, la ausencia de acuerdos por escrito favorece que el conflicto con C.R.O.M. continúe escalando. Los sindicatos indicaron que esperan la instalación de una mesa de diálogo con el instituto.
