En la entidad existen más de 100 casos de acoso y abuso sexual en las escuelas que no habrían sido denunciados por diversos motivos, estimó el vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Sergio Acosta Manzanero.
Urgió que los sindicatos de maestros colaboren para que los responsables de esos actos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos de los niños, no solo sean separados de sus cargos, sino que enfrenten procesos judiciales y reciban castigos conforme a derecho.
Aunque reconoció que a pesar de que no cuentan con estadísticas oficiales, existe una “cifra negra” que, según sus estimaciones, superaría los 100 casos de abusos y acoso sexual contra estudiantes en todos los niveles educativos,
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Según indicó, tan solo en lo que va del presente ciclo escolar ya se conocieron 15 reportes de este tipo, ocurridos en todo el estado, aunque solo tres de ellos cuentan en estos momentos con carpetas judicializadas.
“Las víctimas y sus familias encuentran muchas dificultades para iniciar procesos legales, ya sea por temor, desconfianza institucional o presión social”, explicó.
Sergio Acosta recordó que el caso más reciente fue el de un maestro de secundaria de Playa del Carmen, acusado de drogar y abusar sexualmente de, al menos, una de sus alumnas, hecho que evidencia la vulnerabilidad del sector estudiantil.
En este contexto, resaltó que uno de los principales obstáculos que se enfrentan para sancionar a los docentes señalados de incurrir en prácticas que vulneran la integridad de la comunidad estudiantil es la protección de los sindicatos magisteriales.
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Destacó que históricamente las estructuras sindicales han sido señaladas de proteger a profesores acusados de abuso, a quienes apoyan con cambios de adscripción, entorpeciendo tanto las investigaciones como el acceso a la justicia para las víctimas.
Hizo ver que es momento de que exista un compromiso de los sindicatos magistrales, a fin de que no exista protección para ningún docente señalado de cometer acoso o abuso sexual.
“Además de sanciones laborales, debe haber consecuencias legales claras contra esos malos docentes”, afirmó.
Aseveró que la Asociación Nacional de Padres de Familia en la entidad ha iniciado una serie de reuniones con representantes de los sindicatos magisteriales para revertir esta situación.
Trascendió que se ha manifestado voluntad para colaborar una vez que reciban las notificaciones oficiales, con el compromiso de asegurar que la sanción para los agresores no se limite únicamente a la separación del cargo, sino que haya la judicialización de los casos.
”Es necesario que los sindicatos de trabajadores de la educación dejen de actuar como entes protectores de los profesores y en cambio, logren sumarse a la construcción de mecanismos de prevención, denuncia y sanción”, puntualizó.
