Cientos de ciudadanos y turistas se unieron a la marcha en contra del cuarto muelle en el área del arrecife Villa Blanca, en Cozumel, con actividades de concientización sobre el grave impacto negativo que este proyecto podría generar, así como la recolecta de firmas para su cancelación.
La posible construcción de un cuarto muelle en la zona de Villa Blanca ha generado un amplio rechazo por parte de ciudadanos, ambientalistas y turistas, quienes advierten sobre el impacto ambiental que la obra tendría sobre los arrecifes, así como la pérdida de acceso a una playa pública, como es el caso de Mantarraya.
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El proyecto encendió el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo turístico y la protección de la fauna marina.
Los manifestantes sostuvieron que el nuevo muelle no sólo pondría en riesgo uno de los arrecifes más visitados, sino que además limitaría el acceso al mar para los habitantes de la isla, al pretender privatizar una zona pública que ha sido históricamente utilizada por locales; la preocupación se centra tanto en los efectos sobre el ecosistema marino, como en las implicaciones sociales y económicas para la comunidad.
Se tienen estudios y evidencia suficiente sobre los daños ambientales que ocasionaría el proyecto, además del impacto socioeconómico al restringir un espacio libremente usado por los isleños, dijo Guadalupe Martín Cab, encargada de Conservación, Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel (CIMAC).
“No se trata sólo del coral, sino de lo que representa una playa pública para el tejido social”, subrayó.
La ciudadanía se ha organizado a través de manifestaciones pacíficas y recolección de firmas, con el objetivo de frenar el avance del proyecto, y grupos ambientalistas y colectivos ciudadanos emprendieron campañas de concientización para visibilizar el tema tanto a nivel local como nacional.
Aunque algunos sectores argumentan que la obra traería mayor derrama económica por el aumento en el arribo de cruceros, los opositores cuestionan que los beneficios reales del turismo no llegan de forma equitativa a la población local.
“Una pequeña élite se beneficia, mientras que la comunidad recibe una fracción mínima del ingreso turístico, a costa de perder patrimonio natural y acceso al mar”, señalaron.
La disputa sobre el proyecto ha crecido hasta convertirse en un tema de interés nacional, con la presión ciudadana aumentando en redes sociales y espacios públicos.
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El arrecife Villa Blanca, donde se pretende ubicar la infraestructura, es considerado un ecosistema clave para la biodiversidad marina de la región, y su deterioro podría tener efectos irreversibles en la flora y fauna local, además de afectar la imagen ambiental de la isla.
La empresa encargada del proyecto suspendió sus trabajos, y no ha emitido algún comunicado, lo que deja en suspenso el proceso de construcción.