Ciudadanos de este municipio exigen la publicación clara de tarifas oficiales, procedimientos, fundamentos legales y empresas autorizadas para el servicio de arrastre y corralones en la demarcación, debido a que las denuncias por presuntos abusos en los cobros, que van desde 5 mil hasta 8 mil pesos, han sido constantes en los últimos días.
El uso de grúas y el traslado de vehículos al depósito vehicular por infracciones de tránsito deben ser revisados para determinar si en todos los casos existe una justificación legal para retirar las unidades de circulación, señalaron ciudadanos de Tulum, quienes propusieron analizar las disposiciones que regulan dicho procedimiento.
Por su parte, el planteamiento de ciudadanos contempla la revisión del Reglamento de Tránsito Municipal para establecer con mayor claridad en qué circunstancias una infracción amerita el aseguramiento y traslado de un vehículo. Lo anterior considera que, actualmente, los conductores pueden enfrentar -además de la multa- gastos derivados del servicio de grúa y depósito de la unidad, los cuales oscilan entre 5 mil y más de 8 mil pesos, dependiendo de la distancia, el tipo de unidad y los cargos por maniobras o uso de corralón.
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Una de las denuncias más recientes difundidas en plataformas digitales fue el levantamiento de un vehículo tipo Jeep, cuyo propietario terminó pagando 5 mil 761.31 pesos por el traslado.
Ciudadanos que respaldan esta iniciativa, como Fernando Lozano, Maggi Nerey y Mauricio Curna, señalaron que el objetivo no es eliminar las sanciones para quienes incumplan las normas viales, sino verificar que las medidas aplicadas sean proporcionales a la falta cometida y que el retiro de un automotor del lugar esté debidamente sustentado en la ley.
Otro aspecto señalado se relaciona con posibles irregularidades fiscales en la prestación de estos servicios. En ese sentido, se hizo un llamado a quienes enfrenten situaciones como la negativa de entregar factura o la exigencia de realizar pagos exclusivamente en efectivo a documentar los hechos y presentar las denuncias correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre los elementos que los ciudadanos podrían aportar se encuentran la fecha y hora del hecho, descripción de lo ocurrido, comprobantes, recibos y cualquier otra documentación que permita respaldar una eventual denuncia ante las autoridades fiscales.
La propuesta también contempla convocar a abogados y especialistas del municipio para participar en el análisis del Reglamento de Tránsito y determinar si existen disposiciones que requieran modificación, reforma o derogación.
Asimismo, se planteó verificar mediante documentos oficiales el proceso de expedición y la validez del reglamento, debido a señalamientos sobre una presunta falta de firma del Secretario del Ayuntamiento; no obstante, este punto deberá ser corroborado con el documento oficial correspondiente antes de emitir una conclusión.
Los ciudadanos consideraron que una revisión jurídica y administrativa permitiría determinar con precisión cuándo debe proceder el traslado de un vehículo al corralón, generando reglas más claras para automovilistas, autoridades y prestadores del servicio.
Entre las peticiones centrales destacan la revisión transparente de la operación de las empresas de grúas y de su relación con las corporaciones policiales, así como de tránsito, en la investigación de cualquier posible comisión, incentivo o beneficio económico indebido vinculado con el levantamiento de vehículos.
Revisión y modificación del reglamento o vigente
El tema también alcanza a las empresas que prestan estos servicios. En particular, existen señalamientos periodísticos sobre una presunta relación de Grúas Rivera con Erik Borges Yam, presidente municipal de José María Morelos, así como cuestionamientos sobre su participación en el negocio de grúas. Estos señalamientos deben ser contrastados mediante contratos, concesiones, registros empresariales y documentos oficiales antes de establecer una relación directa con la operación de las grúas en Tulum.
A ello se suma que Borges Yam y Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum, han mantenido una relación política y de colaboración institucional que ha quedado registrada en actos públicos y convenios entre ambos municipios. Este antecedente, por sí mismo, no acredita una intervención en la operación de las grúas, pero forma parte del contexto que los ciudadanos piden revisar ante los cuestionamientos sobre la prestación de estos servicios.
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Acusa viajero que agentes quisieron sorprenderlo
Para Alejandro N., un conductor que viajaba desde Tabasco hacia Cancún, cruzar por Tulum resultó un verdadero martirio. El incidente ocurrió cuando se estacionó brevemente para comprar café para él, su esposa y un acompañante. Al salir de una tienda de conveniencia, observó a un oficial de la Policía Municipal tomándole fotografías a su camioneta y a su remolque. Al cuestionar el motivo del acto de molestia, el elemento argumentó que se habían estacionado en una zona prohibida marcada con líneas azules, la cual formaba parte de una supuesta ciclovía.
Alejandro explicó que las líneas eran prácticamente invisibles y que la ciclovía no se percibía debido a la escasa iluminación; sin embargo, reconociendo su falta, accedió a que se le impusiera la infracción correspondiente.
Pese a ello, el agente le aseguró que la unidad estaba abandonada, por lo que ya había solicitado la intervención de una grúa.
De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, una unidad se considera abandonada cuando no se localiza al conductor, obstruye la circulación o genera alguna afectación. Sin embargo, el vehículo contenía pertenencias visibles, mantenía las luces intermitentes encendidas y no obstruía el arroyo vehicular.
El afectado lamentó que, por una infracción menor, los elementos policiales pretendieran retirarle su unidad para forzarlo a pagar un cobro excesivo por el servicio de grúa y arrastre. Al final, no procedieron con ninguna infracción y luego de una hora de argumentaciones se retiraron del lugar.
