Por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra una comerciante de la colonia Puerto Maya, en Puerto Aventuras, tres personas identificadas como Gilberto “N”, Jorge “N” y Karla Paola “N” fueron vinculadas a proceso, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
El caso trasciende luego de que se reportara la presunta detención de Gilberto Gómez Martínez, alcalde de Puerto Aventuras (2024-2027) junto con dos personas.
De acuerdo con la FGE, una jueza de Control resolvió vincular a proceso a los tres señalados e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años, mientras continúa el procedimiento penal.
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Habrían amenazado a comerciante para exigirle dinero
Según las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron durante 2026, cuando la víctima tenía un negocio en la colonia Puerto Maya, en la localidad de Puerto Aventuras.
El 19 de enero, la comerciante acudió con Karla Paola “N”, quien presuntamente le solicitó llenar documentación y realizar un pago, bajo la advertencia de que, si no cumplía, le retirarían sus pertenencias.
Posteriormente, el 6 de febrero, Jorge “N”, acompañado de otras personas, habría acudido al establecimiento y amenazado a la víctima para que se comunicara con Karla Paola “N”. Según la carpeta de investigación, le advirtió que regresarían para agredirla si no atendía la indicación.
El 11 de febrero, la comerciante acudió nuevamente con Karla Paola “N” y entregó el dinero que presuntamente le había exigido. La Fiscalía indicó que el documento que le solicitaron llenar era gratuito, pero le hicieron creer que le proporcionaría protección mientras Gilberto “N” permaneciera en el cargo que ocupaba.
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Presuntamente le exigían pagos semanales
Las indagatorias también señalan que el 7 de mayo, Jorge “N”, acompañado de otras dos personas, habría regresado al establecimiento para exigir a la víctima un pago semanal, bajo amenazas de retirarla del lugar y agredirla físicamente.
De acuerdo con la Fiscalía, la comerciante comenzó a realizar pagos de manera periódica ante las presuntas amenazas.
Por estos hechos, los tres imputados enfrentarán el proceso penal bajo prisión preventiva durante dos años, conforme a la medida cautelar dictada por la jueza de Control.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, por lo que los señalados mantienen su presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
